Aprobada la Ley de Infancia en Asturias para fortalecer derechos y prevención
La nueva Ley de Infancia en Asturias, aprobada por el parlamento, actualiza el marco legal para fortalecer derechos y protección infantil.
El Parlamento de Asturias ha aprobado la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, que actualiza el marco legal tras más de 30 años desde la ley de 1995. La norma busca priorizar los derechos de los menores y reforzar la prevención y protección, con un enfoque en el entorno familiar y la participación activa de los niños.
El contexto político revela una división de opiniones. Mientras algunos diputados valoran el avance en derechos y la orientación hacia una protección más moderna, otros critican la gestión de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La ley requiere recursos económicos y un compromiso efectivo en su implementación.
La ley contempla medidas que promoverán la participación infantil y la protección de menores vulnerables, como migrantes no acompañados y menores en situación de riesgo. Además, prioriza el acogimiento familiar sobre el residencial y limita las separaciones de los menores de diez años salvo casos excepcionales.
El debate político refleja diferentes perspectivas: desde el reconocimiento del avance en derechos y prevención, hasta las críticas sobre la gestión administrativa y la financiación necesaria. La ley se presenta como un paso fundamental, aunque aún queda por definir su aplicación práctica en un contexto de recursos limitados.
Este cambio legislativo responde a la necesidad de modernizar la protección infantil en Asturias, adaptándose a los retos sociales actuales y poniendo a los menores en el centro del marco normativo. La futura implementación requerirá coordinación y recursos adecuados para cumplir con los objetivos establecidos.
En el horizonte, la ley podría marcar un referente en la protección de la infancia en la región, siempre que se garantice una gestión eficiente y una financiación suficiente. Su éxito dependerá de la voluntad política y del compromiso de todos los actores implicados en la protección de los derechos de los menores.