La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha presentado hoy su informe de fiscalización sobre las ayudas otorgadas por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), ahora conocido como Sekuens, y la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) correspondientes al ejercicio 2021.

Según el informe, Asturex, que es una sociedad dependiente del Idepa, está utilizando parte de sus recursos para entregar dinero sin exigir contraprestaciones. Esta situación implica una disminución del nivel de protección del interés público, incluso mayor que en el caso del Idepa, ya que involucra a una entidad privada en la relación con los beneficiarios de las ayudas. Como resultado, se renuncian a los privilegios y regulaciones que normalmente se aplican en la gestión de fondos públicos, como el régimen de sanciones y la jurisdicción aplicable al procedimiento.

El informe, publicado por Europa Press, analiza la convocatoria aprobada por el consejo de administración de Asturex el 20 de septiembre de 2021.

La Sindicatura advierte que el sistema de entregas de dinero sin contraprestación, aunque cumple con los requisitos de legalidad, implica un régimen jurídico menos riguroso para la promoción de actividades en el ámbito internacional en comparación con el régimen general aplicable a las subvenciones. Aunque esto puede simplificar el proceso de gestión, también conlleva un mayor riesgo de control, lo que requiere que la administración implemente medidas financieras de control permanente o auditorías públicas para mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con la Sindicatura, Asturex, al ser una sociedad dependiente del Idepa, presenta un segundo nivel de descentralización en la gestión de actividades administrativas, lo que implica un menor grado de sometimiento al derecho público.

Además, al permitir la asignación de ayudas a entidades instrumentales sujetas a derecho privado, se agilizan los trámites, pero también se eliminan los controles internos y se ubica la responsabilidad del manejo de recursos públicos en manos de actores privados, lo que conlleva riesgos.

La Sindicatura destaca que al incluir un actor privado en la relación con los beneficiarios de las ayudas, se renuncian a los privilegios que deberían estar asociados a la gestión de fondos públicos, como el régimen de sanciones y la jurisdicción aplicable al procedimiento.