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Economía 28 de Mayo de 2026 · 10:17h 2 min de lectura

Asturias aprueba una nueva ley de cooperativas para impulsar empleo y simplificar trámites

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado la Ley de Cooperativas 2026, que introduce cambios significativos en el marco legal del sector. La normativa busca fomentar la creación de nuevas cooperativas, reducir cargas administrativas y adaptarse a un mercado digitalizado. La ley ha sido respaldada por la mayoría de los partidos políticos, con la excepción de Vox, que se abstuvo en la votación.

El contexto político en Asturias refleja un acuerdo transversal para impulsar medidas que faciliten el emprendimiento y el empleo en un momento de recuperación económica tras la pandemia. La aprobación se produce en un escenario de mayor colaboración entre los principales grupos políticos, tras años de debates sobre la regulación del sector cooperativo.

Las implicaciones de la ley se centran en flexibilizar los requisitos de constitución y gestión de cooperativas, simplificando los procesos de disolución y liquidación. Además, se fomenta la digitalización de reuniones y la transparencia mediante la regulación de las webs corporativas y la función del Registro de Cooperativas. Estas medidas buscan reducir la burocracia y mejorar la seguridad jurídica para los emprendedores.

Desde una perspectiva práctica, la normativa permitirá que pequeñas cooperativas puedan constituirse con solo dos socios, y que órganos como el Consejo Rector solo sean obligatorios en cooperativas de diez o más socios. También se establece un desembolso flexible del capital social y un tratamiento homogéneo en casos de disolución, lo que facilitará la gestión y estabilidad del sector.

El contexto más amplio apunta a un impulso del sector cooperativo como motor de desarrollo local y empleo responsable en Asturias. La ley también busca fortalecer la participación de las mujeres y promover la contratación pública responsable, alineándose con las políticas de igualdad y sostenibilidad del Gobierno autonómico. A largo plazo, estas medidas pretenden consolidar un modelo cooperativo más competitivo y adaptado a los retos actuales.

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