Asturias avanza en una ley que reconoce los derechos de los menores como titulares plenos
La tramitación de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia en Asturias continúa en fase avanzada, con comparecencias de expertos y responsables políticos en la Junta General. La norma, que busca actualizar la legislación vigente desde 1995, pone en marcha un cambio sustancial en la protección infantil al reconocer a los menores como titulares de derechos propios, en lugar de meramente sujetos de protección.
El Gobierno del Principado aprobó en enero el proyecto, cuyo objetivo principal es fortalecer un sistema integral de protección que fomente entornos seguros y garantice derechos fundamentales. La ley se centra en actuaciones preventivas, sensibilización y protección frente a la violencia, además de promover la participación infantil en decisiones que afecten a su bienestar.
Desde el ámbito político, la iniciativa ha sido vista como un paso importante para la modernización del marco legal en materia de infancia. La diputada de IU-Convocatoria por Asturies destacó que la norma representa un cambio de paradigma y una deuda histórica con más de 100.000 menores en la región. Otros partidos, como PP y Vox, han manifestado críticas relacionadas con la suficiencia presupuestaria y posibles riesgos de intervencionismo.
Las distintas formaciones políticas en la Junta General reflejan el debate que suele acompañar a las reformas en derechos sociales en Asturias, donde las tensiones entre la protección, la participación y la gestión presupuestaria marcan las discusiones. La oposición pide mayor concreción en aspectos como salud mental, participación infantil y recursos para la gestión de la ley.
El contexto político en Asturias está marcado por una apuesta del Gobierno autonómico por avanzar en derechos sociales, en un momento en que la comunidad busca consolidar su modelo de bienestar y protección social. La ley de infancia se inserta dentro de un marco más amplio de políticas de igualdad y protección de derechos en la región.
Este proceso legislativo refleja, además, una tendencia nacional de revisar y fortalecer las normativas en materia de derechos de la infancia, en línea con recomendaciones internacionales y compromisos políticos asumidos por diferentes comunidades autónomas. La aprobación definitiva de la ley podría suponer un avance en la protección de los derechos de los menores en Asturias y servir de ejemplo en otras regiones.