OVIEDO, 11 de diciembre. El Gobierno del Principado de Asturias ha puesto de manifiesto su firme creencia en que la próxima Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar este viernes en la ciudad de Santander, debe mantener un nivel que esté “a la altura” de los desafíos actuales y que propicie “acuerdos amplios” que trasciendan las barreras partidistas.

De acuerdo con lo que han comunicado fuentes del Ejecutivo regional a Europa Press, la situación actual, en la que aún se están realizando labores para restablecer la normalidad en las zonas de Levante que han sido duramente afectadas por la DANA, imprime un “plus de responsabilidad” a todas las instituciones del Estado. Esta situación crítica exige una respuesta colectiva y unificada por parte de todas las administraciones.

Gimena Llamedo, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, explicó en una rueda de prensa reciente que su equipo aprovechará la Conferencia para llevar a cabo “política útil”, siempre con la defensa de los intereses asturianos como el factor primordial en todas sus acciones.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, así como el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Peláez, estarán presente en esta conferencia. Su participación es crucial para alinear las políticas regionales con las necesidades actuales del país.

Desde el Gobierno de Asturias han reiterado en numerosas ocasiones sus posturas sobre la financiación autonómica, las cuales han sido claramente expresadas en diversas ocasiones, incluida una comunicación directa del presidente Barbón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas posturas se fundamentan en el consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios de la Junta General, con la única excepción de Vox.

El Principado ha hecho hincapié en que todas las comunidades autónomas enfrentan una infrafinanciación. En este sentido, ha reclamado un aumento de recursos, demandando que el sistema garantice la equidad en la prestación de servicios públicos, sin que esto dependa de la ubicación geográfica de los ciudadanos, y ha abogado a favor de la cooperación multilateral entre comunidades.

En otro ámbito, la política de vivienda es considerada por el Gobierno asturiano como una “prioridad absoluta”. El Ejecutivo de Barbón apoya tanto la Ley de Vivienda como las iniciativas anunciadas por el presidente Sánchez, incluyendo la creación de una empresa pública destinada a este fin.

De acuerdo con su enfoque en estos temas, el proyecto de presupuestos del Principado para 2025 aumentará en más de un 59% los fondos dedicados a la vivienda, alcanzando un total de 143,6 millones de euros. Si en 2024 se iniciaron las obras para construir 600 nuevas viviendas públicas y se rehabilitaron otras 180, para el próximo año se tiene previsto promover 400 más. Adicionalmente, el Ejecutivo ampliará las deducciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente la que se contempla para jóvenes menores de 36 años, y está trabajando en la declaración de zonas tensionadas en los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón.

Una de las iniciativas más innovadoras será el programa ‘Alquilámoste’, diseñado para poner en el mercado viviendas vacías a precios asequibles, garantizando al mismo tiempo los derechos de los propietarios.

En cuanto a la gestión de la migración, el Gobierno de Asturias aboga por una respuesta “solidaria, compartida y proporcional” entre todas las administraciones. En este sentido, el Principado continuará colaborando en diferentes programas de acogida, principalmente dirigidos a jóvenes, en la medida de sus capacidades.

En relación con la creciente escasez de profesionales en el sector sanitario, el Gobierno asturiano ha puesto en marcha varias iniciativas para abordar esta problemática, la cual atribuyen, en parte, a la política de recortes implementada por el PP durante su tiempo en el poder.

El Ejecutivo recuerda que fue una ministra asturiana, María Luisa Carcedo, quien “revirtió” aquellas decisiones y facilitó la expansión de plazas MIR en el país. Para el Gobierno regional, es esencial fortalecer la coordinación nacional con el fin de aplicar criterios uniformes para la atracción de profesionales de otras naciones y para potenciar la especialidad de medicina de familia.

Por último, y más allá de los temas mencionados, el Principado aprovechará la Conferencia de Presidentes para abogar por un Pacto de Estado en relación con la siniestralidad laboral.

Desde el Gobierno autonómico destacaron que en Asturias ya se ha dado inicio a un plan de choque en colaboración con sindicatos y la patronal, que cuenta con el respaldo de la Inspección de Trabajo y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.