Asturias cuestiona el cálculo del Ministerio sobre fondos Feader para desarrollo rural

El Gobierno del Principado de Asturias ha expresado su desacuerdo con la redistribución de fondos europeos Feader, en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027. La directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, afirmó que la interpretación jurídica del Ministerio de Agricultura difiere de la normativa autonómica, y que en Asturias se considera que los fondos ya están ejecutados correctamente.

Este desacuerdo surge en un contexto donde el Ministerio y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) han confirmado la redistribución de estos fondos, lo que genera tensiones entre las administraciones. La discrepancia afecta no solo a Asturias, sino también a Canarias, en un escenario donde la interpretación jurídica y la normativa autonómica entran en conflicto.

La disputa implica que el Principado mantiene que los fondos ya han sido utilizados conforme a su normativa presupuestaria, y que la modificación propuesta por el Ministerio no refleja la realidad de la ejecución. La directora Huerta subrayó que, dado que el PEPAC se extiende hasta 2029, aún existen vías para impugnar la reasignación, incluyendo recursos administrativos y judiciales.

La situación no afecta al cumplimiento de los niveles de ejecución en Asturias, que en 2025 fue el año con mayor actividad en el marco del PEPAC y el Programa de Desarrollo Rural. Factores externos, como incendios forestales en ese verano, impactaron en la ejecución, pero la administración autonómica sostiene que ha cumplido con sus obligaciones.

El trasfondo político revela una tensión entre el Gobierno central y la comunidad autónoma en la gestión de fondos europeos, que tiene implicaciones en la autonomía presupuestaria y en la planificación del desarrollo rural. La postura de Asturias apunta a que todavía puede defender sus intereses en el proceso de redistribución.

De cara al futuro, la disputa refleja la importancia de clarificar los mecanismos jurídicos y políticos en la gestión de fondos europeos, especialmente en un contexto donde las comunidades autónomas buscan mantener el control sobre sus recursos. La resolución de este conflicto será clave para definir el grado de autonomía en la interpretación de la normativa europea y nacional.