OVIEDO, 3 de octubre.

El consejero asturiano de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha reafirmado su postura sobre el peaje de la AP-66, conocido como el Huerna, tras el reciente pronunciamiento de la Comisión Europea. Calvo sostiene que si la prórroga del peaje es considerada ilegal, debe ser anulado de inmediato.

“No hay lugar para discusiones. Si algo es ilegal, corresponde actuar en consecuencia y, por tanto, no se justifica el coste del peaje. Lo fundamental ahora es encontrar una solución”, declaró Calvo durante una entrevista en Televisión del Principado de Asturias (TPA), según informa Europa Press.

El consejero también reconoció que existe un “desacuerdo político” con el Gobierno de España en este tema. Además, restó importancia a las declaraciones del Ministerio de Transportes que aparecieron en los medios regionales, donde se afirmaba que la postura del Ejecutivo asturiano favorece al Partido Popular.

“En la política asturiana, las cosas son más claras; la gente conoce nuestras opiniones y las expresamos de manera directa, sin necesidad de recurrir a fuentes anónimas”, subrayó Calvo.

Por otra parte, el Gobierno asturiano está preparando una serie de medidas en línea con los acuerdos de la ‘Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita’, con el fin de exponer sus propuestas en la movilización que se llevará a cabo el 17 de octubre en Oviedo.

Asimismo, Calvo mencionó que la administración regional está trabajando en la coordinación con las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León para evaluar posibles acciones en este contexto actual.

El pasado julio, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el contexto de un paquete de procedimientos de infracción, demandando a España cumplir con las normativas de la UE en materia de contratación pública, especialmente en relación a los contratos de concesión.

El Gobierno español extendió las concesiones para las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) hasta veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y posteriormente vendió las empresas concesionarias sin llevar a cabo los procedimientos de licitación pertinentes ni publicar anuncios a nivel europeo.

La Comisión advirtió que las ampliaciones constituyen modificaciones significativas que son equiparables a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, en consecuencia, requieren un proceso de licitación, de acuerdo con la Directiva 93/37/CEE y los principios de igualdad de trato y transparencia establecidos por la legislación europea.

A pesar de que la Comisión envió un dictamen a España, otorgándole un plazo de dos meses para responder y tomar las medidas adecuadas, el ministerio de Transportes optó por presentar alegaciones, lo que ha permitido que los peajes continúen operando.