Crónica Asturias.

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Asturias exige una reforma de la Ley de Costas enfocada en la defensa del litoral ante el cambio climático.

Asturias exige una reforma de la Ley de Costas enfocada en la defensa del litoral ante el cambio climático.

OVIEDO, 20 de febrero. La directora general de Urbanismo del Principado, Laura López, ha insistido en la necesidad de reformar la actual Ley de Costas con un enfoque que priorice la protección del dominio público marítimo-terrestre y la adaptación al cambio climático. Este pronunciamiento se produce en contraste con las propuestas de "flexibilización" presentadas por comunidades autónomas que están bajo gobierno del Partido Popular durante una reciente reunión en Madrid.

El Principado ha indicado que en este encuentro, diversas comunidades costeras propusieron la creación de un nuevo marco normativo que se discuta con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas autonomías consideran que su enfoque se alinea mejor con la realidad territorial y el reparto de competencias. Por su parte, Asturias presentó una postura distinta y solicitó que sus diferencias quedaran registradas formalmente en el acta de la reunión.

López ha resaltado que cualquier modificación de la legislación vigente debe abordar los desafíos actuales, tales como el cambio climático, manteniendo siempre un compromiso con la protección del dominio público. Esta postura fue expresada tanto durante la reunión como a través de los comentarios enviados por el Principado en el proceso de consulta para la reforma del Reglamento General de Costas.

El Gobierno de Asturias ha informado que ya ha enviado sus propuestas al ministerio, las cuales están orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, proteger el medio ambiente costero y adaptar las normativas a los riesgos asociados con el cambio climático.

Desde el Ejecutivo asturiano, se ha señalado su decisión de "marcar distancia" de la estrategia común adoptada por las comunidades gobernadas por el PP, enfatizando la importancia de realizar una reforma que priorice la defensa del interés general, la protección del litoral y una adecuada respuesta a los desafíos ambientales, en contraposición a enfoques que podrían llevar a una liberalización del dominio público marítimo-terrestre.