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Política 14 de Septiembre de 2026 · 14:21h 2 min de lectura

Asturias registra un aumento del 270% en agresiones sexuales desde 2018

El incremento de las agresiones sexuales en Asturias ha sido del 270% en los últimos años, según datos atribuidos a un cambio de gobierno en la región. Este aumento se sitúa en un contexto de crítica política y debate sobre la seguridad en el Principado, especialmente tras las declaraciones del diputado de Vox, José María Figaredo. La cifra refleja una tendencia que contrasta con las afirmaciones oficiales y declaraciones de autoridades nacionales, que señalan una percepción de mayor seguridad en el territorio.

El escenario político actual en Asturias está marcado por las tensiones entre el Gobierno autonómico, liderado por el PSOE, y la oposición, en particular Vox, que ha cuestionado la gestión de la seguridad y la percepción de tranquilidad en la comunidad. La polémica se enmarca en un contexto de aumento de la delincuencia, que algunos partidos atribuyen a decisiones políticas y a la gestión de los recursos policiales.

Estas cifras y declaraciones tienen implicaciones importantes en la percepción pública y en la estrategia de los partidos políticos. La oposición denuncia una supuesta inacción y apunta a la necesidad de reforzar las políticas de seguridad. Por su parte, el Gobierno autonómico mantiene que Asturias sigue siendo una de las comunidades más seguras, argumentando que los datos oficiales no reflejan una situación alarmante.

El debate también pone en evidencia las tensiones en torno a la gestión de la seguridad ciudadana y la comunicación de las autoridades. La oposición, en particular Vox, ha utilizado estos datos para acusar al Ejecutivo de inacción y para reforzar su discurso crítico hacia la política del PSOE. La discusión se enmarca en un escenario de polarización política que afecta a la percepción de seguridad en la región.

El contexto más amplio revela que la preocupación por la delincuencia y la seguridad en Asturias se ha intensificado en los últimos años, en un escenario donde la política y la gestión pública juegan un papel central. La futura evolución de estos datos y la respuesta institucional serán determinantes para definir la percepción de seguridad en los próximos meses y años.

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