Asturias sigue lidiando con alta exclusión social a pesar del avance en el empleo, revela el informe Foessa de Cáritas.
OVIEDO, 4 de febrero.
El director técnico de la Fundación Foessa y encargado de los estudios en Cáritas Española, Raúl Flores, dio a conocer el miércoles el 'IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España'. Este documento advierte que la problemática de la exclusión social en el Principado no solo se ha mantenido, sino que ha visto un leve incremento desde 2018, afectando a alrededor de 200.000 personas, lo que representa un aumento de 10.000 individuos en comparación con hace seis años.
Flores afirmó que el informe va más allá de la mera pobreza económica, abarcando aspectos preocupantes como el acceso a la vivienda, la salud, el aislamiento social y la falta de apoyos institucionales.
A pesar de la mejora en las cifras de empleo en Asturias, el análisis revela que siguen existiendo alarmantes tasas de precariedad laboral y "parcialidad indeseada", que dificultan la estabilidad económica de muchas familias. "Hay trabajadores que, a pesar de tener empleo, no logran escapar de la exclusión social porque sus trabajos son inestables o no les permiten vivir dignamente", explicó.
Uno de los puntos críticos resaltados por el experto es la vivienda, considerada el principal factor que impulsa la exclusión social. En años recientes, los precios han aumentado más de un 30%, y el 17% de los hogares se ve "asfixiado económicamente" tras cumplir con el pago del alquiler y los suministros mensuales.
Flores también se detuvo en el debate sobre la vivienda, denominándola un "derecho ficticio" debido a la especulación inmobiliaria acumulada a lo largo de décadas. "Hemos promovido la vivienda como un bien de inversión y hemos descuidado su condición de derecho fundamental", enfatizó.
En este contexto, hizo un llamado a las administraciones para que aumenten la oferta de vivienda pública en alquiler y controlen los aumentos desmesurados en el mercado, que han convertido este derecho en un "motor clave de la exclusión social". También pidió una mejor coordinación entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Salario Social Básico, para abordar de manera más integral las necesidades de las familias vulnerables.
El estudio identifica tres grupos particularmente vulnerables ante la exclusión social en Asturias. El primero abarca a niños y jóvenes, con tasas del 30% en hogares con hijos y del 38% en menores de 30 años. A esto se suman los hogares monoparentales, que enfrentan problemas similares, así como las personas extranjeras de fuera de la Unión Europea, con una tasa de exclusión que alcanza el 60%.
Otro aspecto alarmante es el deterioro en el acceso a la sanidad pública, que está llevando a un 14% de los asturianos a recurrir a servicios privados debido a las largas listas de espera o la falta de tratamientos. Flores ha denunciado la creación de un "sistema dual" que divide a quienes pueden permitirse la atención privada de aquellos que se quedan sin acceso a servicios esenciales como odontología o salud mental.
Para enfrentar la exclusión social, el informe resalta la vital importancia de las redes de apoyo familiar y comunitario, que son "esenciales" para prevenir situaciones de exclusión. Sin embargo, Flores lamenta que quienes más sufren en términos de pobreza son aquellos que generalmente poseen redes sociales "más debilitadas".
La visión de la Fundación Foessa y Cáritas sobre la lucha contra la pobreza en Asturias aboga por un enfoque que no se limite a ayudas económicas aisladas o "bolsas de alimentos", sino que promueva un acompañamiento social continuo. "El éxito radica en una atención integral y sostenida que atienda todos los aspectos que se han ido deteriorando", aseguró Flores, añadiendo que no se puede esperar que una ayuda económica de tres meses resuelva problemas profundos.
El informe destaca que Asturias está atravesando un "proceso inédito" de fragmentación social, donde la clase media se ve reducida, desplazando a muchas familias hacia niveles de mayor vulnerabilidad. Una de las conclusiones más impactantes es que, a pesar de las fases de recuperación tras dos décadas de crisis, las desigualdades siguen creciendo, llevando a la región a tener una de las tasas más elevadas de desigualdad en Europa.
Un 29% de la población asturiana enfrenta algún tipo de exclusión residencial. El aumento de los costos de la vivienda impacta directamente en el gasto doméstico, que ha escalado del 9% en 2018 al 17% en 2024, afectando aproximadamente a 76.000 hogares. Esto implica que, tras pagar sus obligaciones, muchas familias quedan por debajo del umbral de pobreza severa.
Las secuelas de esta presión se están tornando estructurales. En primer lugar, se estima que 120.000 personas viven en condiciones de vivienda insegura debido a problemas de estabilidad o dificultades legales. Además, 50.000 personas residen en hogares inadecuados, que sufren hacinamiento o poseen deficiencias graves en su construcción.
A pesar del crecimiento en el empleo en Asturias, la precariedad laboral se mantiene. Más de la mitad (52%) de los trabajadores a jornada parcial enfrenta una "parcialidad involuntaria", y un 17,1% de la población presenta rasgos de exclusión en el ámbito laboral, lo que está por encima de la media nacional.
Por otro lado, Asturias ha conseguido reducir la pobreza de manera más efectiva que el resto del país desde 2018. La tasa de riesgo de pobreza ha disminuido de un 20,9% a un 15,6%, y la pobreza severa se sitúa en un 6,1%, ambas cifras inferiores a la media estatal.
El análisis también indica que el 5,7% de la población enfrenta severas carencias materiales y sociales y casi tres de cada diez personas no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Además, el 14% de los asturianos no puede asegurar una temperatura adecuada en sus hogares y un 8% presenta retrasos en los pagos relacionados con su vivienda principal o con compras a plazos.
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