En la actualidad, el Principado de Asturias se encuentra en una etapa de exploración mineral con 25 permisos de investigación activos que se centran en yacimientos de distintas características. De estos, 16 permisos se dedican a evaluar la viabilidad económica de la explotación de yacimientos metálicos, lo que subraya la importancia de la minería en la economía asturiana.

Además, hay otros ocho permisos que se enfocan en la investigación de rocas o minerales industriales, mientras que uno de ellos se refiere específicamente a la hulla, comúnmente conocida como carbón. También hay que tener en cuenta que actualmente se están tramitando 18 solicitudes adicionales para obtener permisos de investigación, lo que indica un interés creciente en el sector minero de la región.

Estos datos fueron presentados por la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, durante una sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Su intervención se llevó a cabo en respuesta a una interpelación formulada por Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, lo que pone de relieve un debate vivo sobre el futuro de la minería en la región.

Roqueñí enfatizó ante la asamblea que los procedimientos para la concesión de estos permisos son «rigurosos» y se alinean con una visión que busca asegurar una minería responsable, tanto desde un punto de vista social como económico y medioambiental. Esta sensibilidad hacia el cuidado del entorno es crucial en un tiempo en el que la sostenibilidad se ha convertido en un tema central en las políticas públicas.

Añadió que Asturias posee un subsuelo que es rico en diversidad mineral, destacando metales de creciente importancia como el cobalto, el cobre y el níquel. El aumento del interés en estos recursos se debe a su relevancia para satisfacer la demanda de materias primas en áreas como la energía renovable, la fabricación de baterías y la digitalización, lo que destaca la vitalidad del sector mineral en la economía actual.

En su intervención, Pumares centró su crítica en la autorización de investigación en los montes de Peñamayor, que abarcarían zonas como Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. Argumentó que la empresa asignada carece de la experiencia necesaria y que su intención sería, principalmente, «vender» los resultados de la investigación. A partir de ello, acusó al Gobierno de Asturias de facilitar lo que calificó como «especulación» en el sector.

En contraposición, Roqueñí le respondió al diputado que la mera existencia de un permiso de investigación no garantiza que se vayan a llevar a cabo proyectos de explotación. «La solicitud y concesión de permisos de investigación son prácticas comunes, mientras que su transformación en concesiones es bastante insólita», manifestó, subrayando la seriedad del proceso de evaluación.

Finalmente, explicó que, al igual que en cualquier otro proceso de investigación minera, si los trabajos se desarrollan adecuadamente, el resultado final será un estudio de viabilidad del proyecto; sin embargo, este no debe confundirse con la aprobación de un proyecto de explotación, lo que reafirma el enfoque cauteloso del Gobierno asturiano en cuestiones mineras.