OVIEDO, 11 de noviembre. El director general de Pesca Marítima de Asturias, Francisco González, ha respaldado este martes las propuestas de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo respecto a la renovación de la flota pesquera y la transiciones hacia modelos más sostenibles. En su intervención, subrayó la necesidad de establecer un plan financiero que facilite la modernización del sector pesquero.

González destacó que es fundamental llevar a cabo un proceso de descarbonización y modernización, el cual debe estar respaldado por un marco financiero adecuado que promueva la renovación de los barcos pesqueros. Estas declaraciones fueron recogidas por Europa Press.

También se mostró satisfecho por la aprobación del informe en la Eurocámara y enfatizó que en Asturias la edad media de los barcos de pesca alcanza los 24 años, una cifra que se incrementa aún más a nivel nacional.

Según las estimaciones del Gobierno asturiano, la flota pesquera del Principado se compone de alrededor de 250 embarcaciones, de las cuales más del 80% son pequeños barcos de menos de 12 metros de longitud. En las aguas asturianas operan diversas modalidades pesqueras, incluyendo arrastreros, cerqueros, volanteros y palangreros, predominando las artes menores en esta área.

Un informe de la comisión parlamentaria fue aprobado con un respaldo notable, con 19 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, donde se demandó una transformación hacia una flota europea que sea más limpia y sostenible. Esta conversión implica tanto la modernización como la renovación de los barcos pesqueros.

El Parlamento Europeo ha propuesto la creación de programas de renovación de la flota, financiados tanto por fuentes nacionales como de la UE, además de incentivar la cooperación con los propietarios privados. Asimismo, se ha señalado que la actual política pesquera común de la UE y los fondos disponibles suponen una limitación al apoyo público para la descarbonización y crean desincentivos para la inversión privada.

Por este motivo, se plantea la necesidad de modificar los marcos legislativos existentes para que los programas de financiación de la UE, junto con ayudas estatales y fondos privados, puedan ser utilizados no solo para mejorar los barcos pesqueros, sino también para invertir en puertos e infraestructuras energéticas.