Aucalsa rechaza requerimiento del Principado sobre cobro del peaje del Huerna

La concesionaria del peaje del Huerna, Aucalsa, ha respondido negativamente al requerimiento formal enviado por la Dirección General de Consumo del Gobierno asturiano, en relación con las presuntas irregularidades en la prestación del servicio y el cobro del peaje en la autopista AP-66. La empresa ha comunicado que considera cerrado el expediente, pese a las evidencias de afecciones en la infraestructura.

Esta situación se produce en un contexto político caracterizado por la creciente preocupación del Ejecutivo autonómico por la gestión de servicios públicos y la protección de los derechos de los usuarios. La respuesta de Aucalsa llega en un momento donde las tensiones entre las administraciones públicas y las empresas concesionarias están en aumento, en medio de debates sobre la transparencia y la fiscalización de las tarifas y obras en infraestructuras clave para la región.

El requerimiento solicitado por el Gobierno asturiano incluía información detallada sobre el estado actual de la autopista, el cronograma de obras y la justificación del cobro completo del peaje, al considerar que podrían no estar justificados los cargos durante las deficiencias detectadas. La concesionaria disponía hasta el 31 de marzo para presentar alegaciones, pero ha optado por negar las solicitudes.

Desde el Ejecutivo regional, el consejero Ovidio Zapico ha anunciado que, pese a la respuesta de Aucalsa, se ha realizado un nuevo requerimiento para obtener información adicional, dado que las afecciones en la autopista persisten y afectan a los usuarios. El Servicio de Consumo del Principado tiene previsto ofrecer más detalles en los próximos días, en un esfuerzo por esclarecer la situación.

Este enfrentamiento refleja las tensiones existentes entre las administraciones públicas y las empresas concesionarias de infraestructuras en Asturias, en un contexto donde la gestión de servicios públicos se encuentra bajo escrutinio. La situación del Huerna se enmarca en un debate más amplio sobre la calidad de las infraestructuras, la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de los derechos de los usuarios.

El caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de infraestructuras públicas, especialmente en un momento en que las administraciones buscan garantizar servicios de calidad y sostenibles para la ciudadanía en un contexto económico y político de creciente demanda de responsabilidad y eficiencia.