Barbón impulsa la reforma del Estatuto para lograr la cooficialidad del asturiano y el eonaviego

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reafirmó su intención de reformar el Estatuto de Asturias para incluir la oficialidad del asturiano y el eonaviego. La propuesta busca que la modificación constitucional sea una de las primeras leyes en la próxima legislatura y que sirva para fortalecer la presencia de estas lenguas en ámbitos oficiales y administrativos.

Este planteamiento se enmarca en un contexto político en el que la defensa de la identidad cultural y lingüística de Asturias ha cobrado mayor protagonismo. La iniciativa forma parte de una estrategia del Gobierno asturiano para potenciar la cultura y la historia regional, en un momento en que otras comunidades autónomas ya disfrutan de reconocimiento oficial de sus lenguas.

La propuesta contempla no solo la oficialidad, sino también la posibilidad de ampliar la autonomía del Principado en la gestión de aspectos relacionados con las convocatorias electorales y la protección del patrimonio cultural. La reforma del Estatuto, si prospera, tendría un impacto duradero en el marco legal y en la política lingüística regional.

Por su parte, los grupos que sustentan al Ejecutivo, PSOE y Convocatoria por Asturias, presentarán próximamente una proposición de ley que promoverá la protección y fomento de las lenguas autóctonas. Esta iniciativa busca consolidar el uso del asturiano y el eonaviego en diferentes ámbitos y garantizar su transmisión a futuras generaciones.

En el ámbito de infraestructuras, Barbón anunció que la Consejería de Movilidad solicitará un informe sobre el traspaso de la gestión de las cercanías ferroviarias al Principado. La medida supondría un cambio sustancial en la organización del transporte público, con potenciales beneficios en la movilidad y el desarrollo económico de la región.

El debate sobre estas reformas refleja un momento de definiciones políticas en Asturias, con un Gobierno que busca fortalecer su marco institucional y cultural. La posible transferencia de gestión en transporte ferroviario se enmarca en un proceso de mayor autogobierno y descentralización, que podría marcar un antes y un después en el modelo de relaciones entre el Estado y la comunidad autonómica.