OVIEDO, 4 de febrero.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se encuentra analizando de manera exhaustiva la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ha invalidado la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) relacionadas con la conversión de la central térmica de La Pereda, en Mieres. Este proyecto buscaba establecer un funcionamiento basado en biomasa y combustible sólido recuperado (CSR). La intención del Gobierno asturiano es dilucidar qué pasos son necesarios seguir para reactivar la tramitación del proyecto con todas las garantías legales.

Barbón ha contestado a las críticas del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, de Foro Asturias, quien insinuó que las acciones del Gobierno eran ilegales. El presidente defendió que se trata de una cuestión jurídica que requiere interpretación, y no de un ilícito, subrayando que la sentencia se refiere a detalles específicos de la tramitación administrativa que deben ser rectificados. En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo examinará la posibilidad de llevar a cabo la modificación de la central, un asunto que afecta a inversiones millonarias y a cientos de empleos, con el fin de proteger los intereses de las Cuencas Mineras.

Al ser cuestionado sobre las repercusiones de la sentencia, Barbón criticó el enfoque de Pumares, acusándolo de "tacticismo" y falta de seriedad en sus observaciones. Reiteró que el Gobierno está decidido a avanzar en los procedimientos adecuados y a asegurar un futuro estable para Hunosa y la región afectada.

Pumares, por su parte, exigió que se asuman "responsabilidades políticas y económicas" en relación con el fallo judicial. Acusó al Gobierno de intentar introducir una incineradora de manera encubierta y aseguró que la sentencia revela las debilidades del ejecutivo de Barbón al tratar de eludir controles ambientales. Además, sostuvo que no hay una estrategia clara para Hunosa y que el Gobierno parece perdido en la gestión de residuos, careciendo de un plan de desarrollo para las Cuencas Mineras.

Calificó la actuación gubernamental como "deficiente y engañosa", alertando que la mala administración podría poner en riesgo los puestos de trabajo en La Pereda.