OVIEDO, 16 de octubre. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha hecho un llamado al Gobierno central para que tome cartas en el asunto respecto al Peaje del Huerna. Según Calvo, la extensión de la concesión que se aprobó en el año 2000 por el antiguo Ejecutivo del Partido Popular tendría implicaciones de ilegalidad bajo la normativa europea vigente.

Calvo ha señalado que la Comisión Europea ya ha expresado esta misma preocupación, lo que motiva al Gobierno de Asturias a actuar con un sentido de responsabilidad. En sus palabras, se trata de cumplir con una obligación legal y no de un asunto político. “No es cuestión de cuánto costaría anular el peaje, sino de corregir una situación que es intrínsecamente ilegal", ha afirmado.

El consejero también ha destacado que, aunque el Estado no sea el causante directo de la prórroga, tiene la capacidad de eliminar el peaje de forma inmediata, lo que podría enviar un mensaje claro a los ciudadanos de Asturias sobre la necesidad de respetar la legalidad y acomodar los intereses regionales.

En sus declaraciones, Calvo ha enfatizado que la discusión no debería centrarse en la posibilidad de rescatar el peaje, sino más bien en cuestionar la validez de la prórroga, una diferenciación que considera crucial para comprender la postura de la Comisión Europea y la respuesta gubernamental.

Además, el consejero ha instado a los ciudadanos asturianos a que se expresen públicamente y con firmeza, afirmando que “las decisiones que afectan a Asturias deben ser tomadas por sus propios habitantes". En su opinión, el peaje del Huerna representa una limitación que es necesario superar, similar a la manera en que se logró con la apertura de la variante de Pajares.

Calvo ha subrayado que no se trata simplemente de pagar por infraestructuras que carecen de legalidad, sino de actuar de acuerdo con las directrices establecidas por la normativa europea. También ha diferenciado esta cuestión del actual debate nacional sobre la posibilidad de implementar un pago por el uso de autovías, manifestando que su postura es que eso no representa una solución viable. En su lugar, propone que la financiación de los servicios públicos debe regirse por un sistema fiscal equitativo.

Finalmente, Calvo ha añadido que es esencial que las regiones menos centrales no se vean obligadas a aportar lo mismo que aquellas que cuentan con infraestructuras más desarrolladas.