COAG Asturias exige priorizar la funcionalidad en ayudas a perros de protección ganadera
El sindicato COAG Asturias ha presentado alegaciones al borrador de la convocatoria de ayudas para perros de protección del ganado, defendiendo que el criterio principal sea la eficacia del animal en su función, no su pedigrí. La organización busca que las bases reguladoras reflejen la realidad de la ganadería extensiva en la región.
El proyecto de la Consejería de Medio Rural contempla subvenciones para animales inscritos en libros genealógicos, lo que, según COAG, podría excluir a muchos perros que ya desempeñan eficazmente su función en las explotaciones. La organización destaca que en Asturias muchas explotaciones utilizan perros de origen mastín y cruces adaptados a su entorno, que no siempre están inscritos formalmente en registros oficiales.
La organización agraria advierte que un enfoque demasiado centrado en criterios genealógicos puede perjudicar a los ganaderos que confían en perros seleccionados por su rusticidad y eficacia, ya usados en tareas diarias. Esto podría reducir el acceso a ayudas, afectando la protección del ganado frente a depredadores como los lobos.
Desde COAG Asturias consideran imprescindible que la normativa reconozca y respalde a los perros que ya cumplen su función en las explotaciones, siempre que puedan acreditarse. La organización también propone que se analice previamente el número de explotaciones con perros inscritos oficialmente para evaluar el impacto de los requisitos.
El debate refleja la tensión entre las políticas públicas y la realidad del sector ganadero asturiano, que en los últimos años ha visto incrementadas las amenazas de ataques de lobos. La normativa busca equilibrar la protección del medio natural y el apoyo a la ganadería tradicional.
En un contexto político donde las políticas de protección del lobo y el apoyo a la ganadería extensiva están en el centro del debate, la futura regulación deberá buscar un consenso que garantice la efectividad y la inclusión. La experiencia local puede marcar la pauta para una normativa más ajustada a las necesidades reales del campo asturiano.