OVIEDO, 23 de diciembre. En un pronunciamiento reciente, el Colegio Profesional de la Educación Social ha señalado la importancia de que los sindicatos eviten perpetuar el fenómeno del "intrusismo" en el ámbito profesional, así como el deterioro de los servicios públicos. Esta declaración surge a raíz de la negativa del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias ante el nuevo proceso de funcionarización de los educadores en la región.

En su comunicado, el Colegio Profesional enfatiza que "ningún educador o educadora perderá su puesto de trabajo fijo en la Administración del Principado", subrayando que esto se aplica tanto a quienes aprobaron sus oposiciones como a las 50 personas que han logrado estabilizar su situación recientemente.

Además, el comunicado puntualiza que "las profesiones en España no son intercambiables", ya que cada campo profesional conlleva un conjunto exclusivo de competencias. Se hace hincapié en que la Educación Social no tiene como objetivo suplantar ni al magisterio, ni a la psicología, ni al trabajo social. De igual manera, se critica que algunos profesionales con esas titulaciones intenten desempeñar labores que corresponden exclusivamente a los educadores sociales. La situación se agrava, según el Colegio, ya que también hay personas con titulaciones en otras disciplinas, como derecho, ingeniería o historia, ejerciendo en el ámbito de la Educación Social.

El Colegio sostiene que no resulta razonable que en Asturias se permita que profesionales ejerzan sin la titulación adecuada simplemente por la falta de una universidad pública presencial en la región. Argumentan que, si se aplicara este criterio, también se debería concluir que en el Principado no podrían existir farmacéuticos, veterinarios o arquitectos, lo cual sería inaceptable.

Sin embargo, el Colegio Profesional muestra su apoyo a la iniciativa de funcionarización, afirmando que "la incorporación de la Educación Social a la Función Pública, después de 34 años desde la creación de la profesión, ofrecerá una mayor garantía jurídica a las personas más vulnerables de nuestra Comunidad Autónoma".

Ante esta situación, el Colegio Profesional de la Educación Social ha hecho un llamado formal a los sindicatos que se han manifestado en contra de esta medida, instándoles a que reconsideren su postura. Afirman que dicha actitud perpetúa el intrusismo y deteriora la calidad de los servicios públicos. Concluyen que "el cumplimiento de la Ley de Empleo Público del Principado de Asturias es fundamental para modernizar los servicios y asegurar la profesionalidad en beneficio tanto de los usuarios como de los trabajadores".