Covadonga Tomé exige mayor transparencia en el proyecto de centro de datos en Salas
La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, ha solicitado al Gobierno asturiano mayor claridad sobre el proyecto de un centro de datos en Salas, cuyo coste se estima en más de 1.200 millones de euros. La iniciativa, denominada Digital Valley Asturias, fue anunciada en agosto durante un acto con el presidente Adrián Barbón y busca obtener el reconocimiento como proyecto de interés estratégico regional.
El proyecto, centrado en almacenamiento y gestión de datos, pretende crear unos 120 empleos directos de calidad, aunque las promotoras actuales no han demostrado avances concretos en la construcción o gestión de centros similares en Madrid o Valencia. La oposición cuestiona la viabilidad y la participación real de inversores en la iniciativa, vinculando la propuesta a modelos de negocio basados en la venta de permisos y la reventa a multinacionales o fondos de inversión.
Covadonga Tomé ha señalado que, pese a la relevancia del proyecto, la Administración asturiana aporta los recursos esenciales, como suelo y servicios, mientras que la promotora solo presenta un documento de presentación. La diputada advierte que esta estrategia puede enmascarar una operación de intermediación que beneficia a grandes inversores a costa del control local sobre la infraestructura digital y la economía futura.
El debate político en Asturias refleja una preocupación más amplia sobre la gestión de inversiones estratégicas y la transparencia en proyectos tecnológicos de gran escala. La formulación del proyecto como de interés regional busca facilitar permisos y beneficios fiscales, pero también genera dudas sobre quién controla realmente los recursos y decisiones a largo plazo.
La postura de Covadonga Tomé se enmarca en un contexto de creciente interés en el control de infraestructuras digitales y la inteligencia artificial, elementos clave en el desarrollo económico futuro. La diputada insiste en que la sociedad asturiana debe contar con toda la información para decidir si apoya o no estas iniciativas y qué recursos públicos se destinan a ellas.
De cara al futuro, la polémica refleja la importancia de establecer mecanismos transparentes que aseguren una gestión responsable y participativa en proyectos de gran impacto económico y tecnológico. La comunidad asturiana necesita claridad para decidir su participación y control en estas infraestructuras estratégicas.