OVIEDO, 11 de noviembre. En un contexto de creciente preocupación dentro del ámbito de la salud pública, Luis Miguel López Arranz, presidente del sector de la Administración General del Estado de CSIF en Asturias, ha hecho un llamado urgente para poner de relieve la alarmante situación que enfrenta Muface. Este pronunciamiento tuvo lugar el pasado lunes, tras la noticia de que la licitación para el concierto sanitario correspondiente al periodo 2025-2026 quedó desierta debido a la falta de interés por parte de las aseguradoras. López Arranz considera que las condiciones de la licitación, que resultan menos atractivas para las aseguradoras, evidencian una tendencia “ideológica” destinada a desmantelar este modelo de atención sanitaria.

Durante una concentración frente a la delegación del Gobierno en Asturias, el representante sindical no dudó en afirmar que “la muerte de Muface supondrá el colapso y la muerte de la Seguridad Social”. En este emotivo evento, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA, así como para rendir homenaje a los ciudadanos y trabajadores públicos que se han esforzado en las labores de ayuda en la zona afectada por el desastre.

Al finalizar el momento de reflexión, López Arranz abordó la situación de los contratos, que ya han llegado a su fin, y señaló que muchas aseguradoras están mostrando reticencias, argumentando que no encuentran el negocio rentable. Esta situación es especialmente preocupante para los mutualistas de edad avanzada, quienes requieren tratamientos crónicos. “Tenemos mutualistas que se verán obligados a trasladar sus tratamientos a la Seguridad Social, lo que generará un problema significativo”, sostuvo el líder sindical. En la actualidad, hay alrededor de 36.000 mutualistas de Muface en Asturias, junto con 6.000 de Isfas y 1.700 de Mugeju, todos ellos en riesgo debido a esta crisis.

Además de la problemática relacionada con la salud, CSIF está alzando la voz para exigir mejoras laborales. El sindicato está demandando un marco retributivo plurianual que esté vinculado al IPC, así como una equiparación salarial entre los empleados públicos y mejoras en las condiciones de trabajo. Esta solicitud se enmarca en un esfuerzo más amplio por garantizar que los trabajadores del sector público cuenten con condiciones dignas y justas, fundamentales para el buen funcionamiento del sistema público en el que muchos confían.