Cueli defiende la gestión del servicio de Minas y cuestiona la narrativa de caos en Asturias
El director general de Energía y Minería del Gobierno del Principado, Javier Cueli, ha negado que el servicio de Minas en Asturias esté en situación de crisis, en respuesta a críticas recientes. Asegura que el informe de la Inspección General fue entregado con confidencialidad y que las decisiones sobre su difusión estaban restringidas a ciertos niveles administrativos. El documento, enviado en marzo, fue recibido en su versión definitiva el día 27, tras un proceso que, según Cueli, fue gestionado con respeto a los protocolos establecidos.
Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que el Gobierno asturiano enfrenta presiones por la gestión del servicio de Minas, especialmente tras el accidente mortal en Cerredo en 2018, que dejó cinco fallecidos. La oposición política, encabezada por el PP y Foro Asturias, ha cuestionado la eficacia y seguridad del departamento, señalando posibles deficiencias en la supervisión y regulación del sector minero en la región.
El trasfondo político incluye una tensión entre los diferentes niveles de la administración autonómica y las fuerzas opositoras, que buscan mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos mineros. La reciente recuperación del Servicio de Seguridad Minera por parte del Gobierno, anunciada por el presidente Adrián Barbón, ha reavivado el debate sobre la continuidad y el control del sector, en un momento en que se discuten posibles reformas regulatorias.
En cuanto a las consideraciones técnicas, Cueli defendió la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), vigente desde 2006, y aclaró que el informe de la Inspección no cuestiona su legalidad, sino que señala aspectos a mejorar. Esto refuerza la postura del Gobierno de que las políticas mineras son sólidas, aunque abiertas a perfeccionamiento.
Horas después de que Barbón anunciara la recuperación del servicio, Cueli manifestó desconocer los motivos por los cuales el servicio fue eliminado en 2019 y afirmó que no le compete indagar en esa decisión. La polémica continúa en un escenario en el que las decisiones políticas y la seguridad en el sector minero permanecen en el centro del debate público.
Este episodio refleja la importancia de la minería en la economía asturiana, así como los desafíos de gestionar un sector estratégico ante la exigencia de mayor transparencia y seguridad. La situación evidencia también la creciente politización de temas técnicos y de seguridad laboral en la región, en un contexto de cambios en la normativa y en las prioridades políticas.