OVIEDO, diez Feb.
Los damnificados por el retardo en el pago de las ayudas al alquiler denuncian en este momento un nuevo muro burocrático al intentar entrar a la justicia gratis para reclamar vía judicial el pago de las ayudas. Los damnificados afirman que les están pidiendo muchos mucho más requisitos que a otros ciudadanos para lograr entrar a un letrado de trabajo.
Yolanda Gutiérrez y Carlos García, 2 de los damnificados, han contado en primera persona su deplorable experiencia al intentar asistir a la justicia gratis. Lo hicieron en una rueda de prensa acompañados por la representante de IU, Ángela Vallina, que mostró su acompañamiento a los damnificados y que indicó que su conjunto va a llevar este tema al Parlamento.
"Nos solicitan hasta un año de nuestros movimientos bancarios, el año entero de nóminas, hubo personas que firmaron la petición en el lado izquierdo y les hicieron regresar otro día pues debían firmar un tanto mucho más a la derecha. El trato fué vergonzoso", indicó Gutiérrez.
Parecida fué la experiencia de Carlos García, que ha lamentado que solo fué tras salir en medios en el momento en que han comenzado a recibir ciertas cartas de Justicia, y en parte importante se les rechaza el servicio.
Ángela Vallina ha lamentado que este gobierno no realice mucho más que alardear de que tiene una guerra contra la burocracia y lo que ocurre a los damnificados por las ayudas al alquiler es un ejemplo evidente de que esa guerra "se pierde en el momento en que exactamente la misma perjudica a la gente y no a las compañías".
"Charlamos de personas que llevan mucho más de un año pasando un genuino suplicio, aguardando entrar a unas ayudas que tienen concedidas y en este momento intentando de entrar a un derecho como es el de la Justicia gratis", indicó Vallina que ha recordado que son prácticamente 3.000 asturianos los que prosiguen sin cobrar toda o una parte de la asistencia y en este momento unas 200 las que piden la justicia gratis para lograr reclamar esos pagos.
Para tener derecho a ese servicio los capital no tienen que sobrepasar los 11.500 euros por año, unos 800 euros por mes. "Esta es la guerra contra la burocracia de la que alardea el Principado, no obstante en el momento en que charlamos de compañías con una declaración responsable todo está finiquitado", ha lamentado Vallina
