Incluye protestas sobre la demora quirúrgica en los servicios de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias

MADRID/OVIEDO, 13 Mar.

El 'Informe Anual 2022' del Defensor del Pueblo ha recogido varios de los casos de listas de espera mucho más graves a lo largo del año pasado, como la demora de un par de años y medio para una solicitud en Madrid o los 22 meses para reprogramar una cita en Zaragoza.

En su archivo, anunciado este lunes, el Defensor señala que el número de protestas recibidas por las listas de espera para recibir asistencia enfocada (consultas ajenas, pruebas diagnósticas y también intervenciones quirúrgicas) "siguió incrementándose de manera destacable en 2022".

Por ello, han detallado ciertas ocasiones de demora para solicitud o prueba diagnóstica que fueron objeto de actuación del Defensor. En primer rincón, resaltan los un par de años y medio para una solicitud en la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

Según señala el Defensor, pasaron hasta 30 meses para efectuar una prueba diagnóstica desde antes de la etapa aguda de la pandemia de COVID-19 (septiembre de 2019) hasta el momento en que al final se efectuó, el 22 de abril de 2022.

En segunda situación se ubican los 22 meses de espera para la reprogramación de una solicitud de Traumatología en el Centro Médico de Especialidades Inocencio Jiménez (Zaragoza). En esta situación, la cita original se encontraba fijada para el 31 de marzo de 2020, coincidiendo con los peores instantes de la pandemia. Finalmente, sucedió el 9 de febrero de 2022.

El informe del Defensor asimismo apunta otros casos flagrantes, como los 17 meses para solicitud en la Unidad del Dolor del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; 14 meses para recibir régimen de rehabilitación en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla (Murcia); o diez meses para solicitud de Traumatología en el Hospital General de Villarrobledo (Albacete).

Otros casos son de ocho meses de espera para solicitud en la Unidad del Dolor del Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera (Cádiz) y efectuar la técnica de infiltración; y siete meses para solicitud en el Hospital Universitario de San Pedro (Logroño).

En Madrid, otros 2 casos reseñados son cinco meses para solicitud en la Unidad del Dolor del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y asimismo cinco meses para solicitud en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

El mismo tiempo de espera se causó para hacer una infiltración en la Unidad del Dolor del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra o para una solicitud en el Servicio de Traumatología del Centro Periférico de Especialidades Esperanza Macarena (Sevilla).

Un tolerante debió aguardar 4 meses para solicitud en el Servicio de Traumatología del Consorci Universitari Parc Tauli (Sabadell, Barcelona); y otro exactamente el mismo tiempo para recibir régimen de rehabilitación en el Centro Sanitario El Carmen (Murcia).

En este último caso, el Defensor enseña que la Consejería de Sanidad de Murcia aceptaba que "la lógica asistencial ordena a priorizar los pacientes derivados a rehabilitación". Este expediente del Defensor se cerró "en el momento en que la Administración notificó de la contratación de un rehabilitador en el servicio pertinente".

El último caso que recopila el Defensor es el de un tolerante que debió aguardar tres meses para solicitud en la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La entidad dirigida por Ángel Gabilondo enseña que la fecha de ciertas citas de pacientes incluidos en lista de espera "se ha adelantado durante la tramitación de la protesta respectiva, en el momento en que las gestiones sanitarias pudieron contrastar alguna variación en la evolución clínica de los individuos que de esta manera lo aconsejara, o han remodelado las agendas de citas tras remarcar la dotación de la plantilla, o han arreglado otras adversidades transitorias de administración".

En otros casos, no obstante, lamentan que los servicios de salud "mantuvieron los periodos dilatados de espera, señalando que el período predeterminado se adecuaba a la situación clínica del tolerante, o aduciendo la imposibilidad de tener expertos que tengan la posibilidad de achicar la demora".

Igualmente, el Defensor demanda que la tardanza en prestar atención sanitaria "se vió en ocasiones acrecentada por la canalización de la petición de pruebas diagnósticas mediante centros hospitalarios diferentes del de referencia del tolerante".

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, el Defensor asegura que la situación es afín. Por ejemplo, ha recibido protestas sobre los servicios de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias y del Hospital Universitario de Guadalajara, tal como del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de este último centro hospitalario.

Según el Defensor, Madrid "concentraba un número esencial de protestas" tras la finalización de la etapa aguda de la pandemia de COVID-19.

Al respecto, la Consejería de Sanidad madrileña ha asegurado al Defensor que se encontraba "realizando una investigación de las situaciones con mayores tiempos de espera quirúrgica, tal como la puesta en marcha de otras ideas para progresar la situación". El Defensor añade que "va a hacer rastreo de esta cuestión".

Las protestas sobre demora quirúrgica se han centrado este año eminentemente en la realización de métodos indicados por expertos en urología, singularmente urgentes en el momento en que se programan en el contexto del régimen de tumores. Estos métodos están incluidos en la normativa para hacer más ágil la asistencia sanitaria.

Por ejemplo, el Defensor cita la situacion de la Comunidad Valenciana, donde, tras una actuación de la entidad, se fortaleció la dotación de facultativos en el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante), tras revertirse su administración al departamento de salud pertinente.

Al igual que en Atención Primaria, el Defensor del Pueblo asimismo ha recibido protestas por "las faltas en temas de dotación de personal o de equipamientos en unos y otros centros sanitarios".

Por ejemplo, señalan que "está pendiente de recibir información" sobre la adecuación de los elementos sanitarios de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular de la población habitante en Cáceres.

Según el Defensor, la población de esta provincia "es atendida en Badajoz, pese a figurar la localización de tal servicio, en la página del Servicio Extremeño de Salud, en el Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres".

Al respecto, el Defensor ha recordado a la red social autónoma que el producto 11 de la Ley diez/2001 de 28 de junio de Salud de Extremadura "reconoce a los ciudadanos el derecho a la información sobre los servicios sanitarios a los que tienen la posibilidad de entrar y sobre los requisitos precisos para su empleo".