El Gobierno asturiano asegura priorizar la sanidad pública pese a indicadores en declive

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la sanidad pública en Asturias, pese a la percepción de deterioro en algunos indicadores. En el Pleno de la Junta General, ha destacado que la inversión y las reformas en marcha buscan reforzar el sistema, especialmente en atención primaria.

El debate surge en un contexto de creciente preocupación por parte de los partidos de la oposición. La diputada Covadonga Tomé ha alertado sobre una posible crisis en la satisfacción ciudadana y en los tiempos de espera, basándose en datos recientes de barómetros sanitarios. La comunidad ha mostrado una ligera bajada en la valoración del sistema, que pasa de 6,7 a 6,1 en la escala de satisfacción.

Este escenario refleja desafíos estructurales en la atención primaria y en las consultas hospitalarias, con listas de espera que aumentan en especialidades como traumatología y dermatología. La oposición también ha cuestionado la gestión del Gobierno en el control de estos indicadores y ha expresado inquietudes sobre posibles procesos de privatización encubierta.

Por su parte, el presidente Barbón ha defendido que Asturias mantiene indicadores competitivos en comparación con otras regiones. Ha explicado que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para mejorar la accesibilidad, incluyendo la incorporación de nuevos profesionales y la implementación de sistemas digitales y de inteligencia artificial para optimizar la gestión sanitaria.

En cuanto a la privatización, Barbón ha rechazado que la estrategia pase por bloquear la iniciativa privada. Ha insistido en que la mejor forma de fortalecer la sanidad pública y frenar posibles procesos de privatización es mediante una inversión sostenida y la mejora continua de los servicios públicos.

El debate en el Parlamento refleja una tensión política que trasciende la gestión sanitaria. La futura política sanitaria en Asturias estará marcada por cómo el Gobierno equilibra la inversión pública y la regulación del sector privado, en un contexto de creciente demanda y recursos limitados.