El Gobierno asturiano cuestiona la ayuda pública a Aucalsa por modernización de túneles en AP-66

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha expresado su rechazo a la decisión del Ministerio de Transportes de destinar cerca de 80 millones de euros para la modernización de siete túneles en la autopista AP-66, concesionada a la empresa Aucalsa. Calvo denuncia una contradicción al apoyar a una compañía que, en su opinión, muestra insensibilidad ante la posibilidad de rebajas en tarifas y deterioro del servicio en el Huerna. La inversión, financiada con fondos europeos y del Estado, continuará durante mayo y junio, lo que afectará el tráfico en la zona. Este conflicto refleja las tensiones existentes en torno a la gestión de infraestructuras de peaje en Asturias. La concesionaria Aucalsa, vinculada a intereses privados, recibe fondos públicos para obras de mejora, mientras que las administraciones regionales consideran que esos recursos podrían destinarse a otras prioridades o que la ayuda favorece a una empresa que no responde a las expectativas de los usuarios. La polémica surge en un contexto donde las políticas de privatización y gestión concesional de infraestructuras están siendo revisadas a nivel nacional. Las críticas del Ejecutivo regional evidencian una política de confrontación que puede condicionar futuras decisiones en materia de infraestructuras. La inversión en los túneles del Huerna, clave para la conectividad asturiana, se justifica por la necesidad de mejorar la seguridad y la eficiencia, pero genera dudas sobre la distribución de fondos públicos en un escenario de austeridad y prioridades sociales. La postura del Gobierno regional refleja su interés en proteger los intereses de los usuarios y la gestión pública. Desde una perspectiva política, esta controversia se enmarca en la lucha por el control de recursos y decisiones en infraestructuras críticas. La oposición y otros actores políticos han coincidido en criticar la concesión y el uso de fondos públicos en favor de empresas privadas, reclamando mayor transparencia y control. La discusión también pone sobre la mesa la necesidad de revisar los modelos de gestión y financiación de autopistas y túneles en el país. A largo plazo, el debate puede derivar en una revisión del modelo concesional y en una mayor regulación de las ayudas públicas a empresas privadas en infraestructuras. La postura del Gobierno asturiano refleja una tendencia a reivindicar mayor control sobre inversiones que afectan directamente a la comunidad. La resolución de este conflicto será determinante para el futuro de la gestión de infraestructuras en la región y para el equilibrio entre intereses públicos y privados.