El Gobierno asturiano da luz verde al proyecto de Ley de Impulso Demográfico.
El Gobierno de Asturias ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Impulso Demográfico, una iniciativa legislativa clave en este nuevo mandato.
Según el Ejecutivo regional, esta norma combina políticas dirigidas a la estimulación de la actividad económica y la cohesión social, además de promover el aumento de la población.
El proyecto recoge propuestas del dictamen sobre el reto demográfico alcanzado en la legislatura anterior, así como nuevas propuestas surgidas de reuniones y conversaciones con todos los grupos políticos.
El impulso demográfico es la "prioridad indiscutible" para este nuevo mandato, como lo afirmó Adrián Barbón en su discurso de investidura. El objetivo es enfrentar el descenso de habitantes, el envejecimiento y el despoblamiento con iniciativas efectivas a medio y largo plazo.
El proyecto consta de 81 artículos y busca introducir la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas, ya que se entiende que solo con un enfoque coordinado y transversal se podrá revertir la tendencia poblacional.
El Gobierno del Principado ha incluido medidas específicas para combatir el declive demográfico en Asturias, la comunidad más envejecida de España. Por ejemplo, se han aumentado las ayudas directas a la natalidad, mejorado las deducciones fiscales y se han habilitado ayudas para las familias con menores de cuatro años sin escuelas infantiles públicas o sin plaza.
El proyecto de ley busca proporcionar un marco jurídico adecuado y estable para todas las acciones dirigidas a enfrentar el desafío demográfico a medio y largo plazo.
Entre otras medidas, se establecerá una clasificación de los concejos, se aplicará una fiscalidad diferenciada, se prestará atención a la población migrante y se fomentará la igualdad y la conciliación.
El proyecto de ley fue aprobado inicialmente en marzo, pero debido a la disolución de la Junta General en abril por las elecciones autonómicas fue necesario reanudar el proceso. Tras negociaciones con los grupos parlamentarios se han realizado cambios, como el uso de una fiscalidad diferenciada y el refuerzo del compromiso de elaborar planes demográficos.
El gobierno busca asegurar el mayor acuerdo parlamentario posible para garantizar la estabilidad de las políticas demográficas, sosteniendo que estas medidas solo tendrán éxito si se mantienen a medio y largo plazo.