El Gobierno asturiano rechaza adelantar indemnizaciones por dudas legales en el caso Cerredo

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha decidido no adelantar indemnizaciones a las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, debido a dudas legales sobre la competencia y el principio de igualdad. La propuesta de la diputada Covadonga Tomé, que solicitaba pagos anticipados por los siniestros ocurridos en 2022 y 2025, fue considerada inviable por los técnicos regionales. La postura mayoritaria en el Ejecutivo, dominado por el PSOE en coalición con IU, se inclinó hacia mantener la cautela. Sin embargo, el Gobierno trabaja en una ley de ayudas retroactivas para las familias de víctimas mortales, con un presupuesto estimado de 70.000 euros por familia. La administración atribuye la responsabilidad del accidente a la empresa Blue Solving, que operaba sin autorización, y descarta la implicación del Principado en la causa. La iniciativa legislativa busca reconocer el riesgo laboral en Asturias, donde la siniestralidad sigue siendo un problema importante. La ley que se prepara tendrá un carácter pionero en España y pretende reforzar la protección social en el ámbito laboral.