El Gobierno del Principado promete reducir a 180 días la resolución de expedientes de dependencia mediante reforzamiento de personal

El Ejecutivo del Principado de Asturias ha anunciado que, gracias al plan denominado 'Agiliza', se incrementará la plantilla de profesionales dedicados a la gestión de la dependencia, con el objetivo de reducir a 180 días el tiempo de resolución de los expedientes a finales de 2023. Hasta la fecha, el sistema acumula listas de espera que superan los 450 días, con más de 12.000 personas fallecidas en espera y cerca de 7.764 aún pendientes de ayuda.

Este anuncio responde a una problemática estructural en la gestión de servicios sociales en la región, que ha generado críticas por parte de la oposición, en particular del grupo Foro, que acusa al Gobierno de incumplir promesas y de gestionar el sistema de manera ineficiente. La discusión parlamentaria ha evidenciado el debate sobre la responsabilidad en el colapso y las posibles soluciones para garantizar la atención a las personas dependientes.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido la estrategia del Ejecutivo, asegurando que no se reducirá el personal, sino que se reforzará, y que las mejoras en los procesos informáticos y la implantación de la Historia Social Única facilitarán el cumplimiento de la ley. Además, ha advertido que cualquier cambio normativo que implique incumplimientos será llevado a los tribunales.

Desde la oposición, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha insistido en que el sistema lleva años colapsado, con la implantación de la Historia Social Única llevada a cabo sin la preparación adecuada, y ha criticado la sobrecarga en los ayuntamientos. La lista de espera actual, que supera los 450 días, refleja una situación de emergencia que, en su opinión, requiere soluciones inmediatas y estructurales.

En un contexto político más amplio, la gestión de los servicios sociales en Asturias se ha convertido en un elemento de confrontación entre el Gobierno regional y los partidos de la oposición. La discusión se enmarca en un debate más general sobre la sostenibilidad del sistema público y la posible privatización de algunos servicios, un tema que ha sido recurrente en la política autonómica en los últimos años.

El compromiso del Ejecutivo con la mejora del sistema de dependencia responde a la obligación legal de garantizar una atención efectiva, en un escenario donde las demandas sociales crecen y la presión por mantener la calidad de los servicios públicos aumenta. La implementación de nuevos recursos y cambios normativos apunta a una reactivación del sistema en los próximos meses, en un contexto de tensión política y social.