El 5 de noviembre, en Madrid, surgen informaciones que indican que el Gobierno central está reconsiderando la celebración de la Conferencia de Presidentes autonómicos, prevista para este año en Asturias, ya que esta coincide con la campaña electoral en Extremadura, según apuntan fuentes cercanas al ejecutivo.

De acuerdo con la normativa que regula la Conferencia de Presidentes, se estipula que estas reuniones deben llevarse a cabo, al menos, un par de veces anualmente. El Gobierno llevó a cabo la última de estas cumbres en junio en Barcelona, y había señalado que el próximo encuentro tendría lugar en tierras asturianas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, había manifestado anteriormente en el Congreso que se esperaba la convocatoria de esta Conferencia en los meses siguientes. Pero el reciente anuncio de elecciones anticipadas por parte de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para el 21 de diciembre, ha llevado al Gobierno a considerar la opción de posponer este encuentro para el próximo año.

Es importante señalar que el 2026 también es un año electoral, comenzando con las elecciones en Castilla y León, programadas inicialmente para marzo, seguidas de los comicios en Andalucía. Esto complicará aún más la organización de la Conferencia en Asturias, dado que el Gobierno deberá ajustar las fechas para que pueda llevarse a cabo.

El protocolo para la Conferencia de Presidentes requiere que se realice primero una reunión preparatoria, que es liderada por Ángel Víctor Torres e involucra a los consejeros de Presidencia de cada una de las comunidades autónomas. La última de estas reuniones se caracterizó por un nuevo desencuentro entre el Gobierno central y el Partido Popular, ya que las comunidades gobernadas por este último votaron en contra del orden del día, lo que resultó en que el encuentro terminara sin un acuerdo claro.

Este clima de tensión se volvió a evidenciar durante la Conferencia de Presidentes, donde no se logró alcanzar consensos y se vio agraviado por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de abandonar la sala cuando algunos líderes autonómicos optaron por utilizar sus lenguas cooficiales durante el debate.