OVIEDO, 13 de diciembre. La diputada del Partido Popular, Beatriz Polledo, ha denunciado este sábado que la gestión de la Consejería de Derechos Sociales se encuentra sumida en un grave desorden administrativo. Según afirma, se ha normalizado un alarmante retraso en los pagos relacionados con la prestación de servicios y la contratación de proveedores.

Durante una conferencia de prensa, Polledo expresó su preocupación por un modus operandi que, a su juicio, ha perdurado durante años y que ha llevado a "una situación escandalosa de descontrol". La parlamentaria también señaló con firmeza posibles "irregularidades e ilegalidades" en el proceso de contratación pública bajo la dirección de Marta del Arco, poniendo especial énfasis en el organismo autónomo de residencias de ancianos (ERA), que, según ella, infringe los principios fundamentales de la contratación administrativa, tales como la objetividad, la libre concurrencia y la transparencia.

La diputada ha alertado sobre la existencia de "cientos" de facturas impagadas que permanecen "escondidas en los cajones", y ha afirmado que su falta de pago se debe a que carecen de "cobertura legal". Estas facturas, según Polledo, están "fuera del procedimiento administrativo y tienen reparos de intervención", lo que complica aún más la situación.

Asimismo, Polledo recalcó que la única forma en que los proveedores pueden recuperar sus pagos es a través de los tribunales, ya que muchos continúan ofreciendo sus servicios a la Administración, que es consciente de que están operando sin la justificación legal necesaria para remunerarles por servicios esenciales como la alimentación o el transporte adaptado.