El PP denuncia 1.088 viviendas sin desarrollar en suelo de Sogepsa en Asturias
El Partido Popular de Asturias ha alertado sobre un potencial de más de 1.000 viviendas sin edificar en suelo gestionado por Sogepsa, la empresa pública del Principado. Según datos del propio Ejecutivo autonómico, existen 35 activos residenciales que suman aproximadamente 80.000 metros cuadrados de suelo edificable, con capacidad para construir cerca de 1.088 viviendas, un 38% de ellas con protección oficial.
Este suelo se distribuye en varias localidades, incluyendo Avilés, Cangas del Narcea, Mieres y Langreo, entre otras. La mayoría de estas parcelas corresponden a actuaciones residenciales iniciadas hace años y que, en muchos casos, permanecen sin vender. La oposición considera que el gobierno regional no ha aprovechado estas oportunidades para incrementar la oferta de viviendas, en un momento en que los precios siguen siendo elevados.
El diputado del PP ha señalado que algunas de estas parcelas están en proceso de subasta, pero cuestiona si los precios de salida son adecuados. Además, propone que estos terrenos se destinen a promover viviendas en colaboración con el sector privado, para reducir los costes y facilitar el acceso a la vivienda. La gestión del suelo público en Asturias ha sido motivo de debate, ya que algunos sectores consideran que su potencial no se ha aprovechado de forma eficiente.
Este asunto refleja las tensiones políticas en torno a la política de vivienda y el uso del patrimonio público en la región. Mientras el gobierno autonómico prioriza la planificación y el desarrollo de proyectos, la oposición reclama mayor agilidad y transparencia en la gestión del suelo. La situación también evidencia la dificultad para convertir en realidad los recursos existentes en soluciones habitacionales concretas.
De cara al futuro, la discusión sobre el uso del suelo de Sogepsa puede influir en decisiones políticas y en la estrategia de vivienda del Principado. La necesidad de ampliar la oferta y reducir los precios sigue siendo un reto importante que requiere una gestión coordinada entre administraciones y sector privado, en un contexto de alta demanda y limitaciones presupuestarias.