OVIEDO, 25 Jun.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha anunciado que el Ejecutivo regional se compromete a velar por los propietarios de viviendas en alquiler asegurando el pago puntual de las rentas.

En la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias, Zapico respondió a las preguntas del diputado de Vox Javier Jové sobre las medidas tomadas para frenar el aumento de los precios de alquiler en la región.

El consejero detalló las políticas en marcha y abogó por ampliar la disponibilidad de viviendas asequibles en el ámbito privado.

El Gobierno asturiano se compromete a garantizar el cobro puntual de alquileres durante seis años, asegurando que al término de este período, los propietarios recibirán las viviendas en un estado óptimo.

Esta medida se suma a otras acciones planificadas por el Principado, como la construcción de nuevas viviendas públicas, la adquisición de inmuebles de segunda mano y la rehabilitación de propiedades para alquiler.

Zapico indicó que se están analizando todas las cuestiones relacionadas con el alquiler en el marco del Consejo Autonómico de la Vivienda, con la participación de diversos actores como empresarios, sindicatos, colegios profesionales, notarios, corredores de fincas, inmobiliarias, consumidores y ayuntamientos.

Se está trabajando en un acuerdo que establezca cómo debería ser la política de vivienda en Asturias entre 2025 y 2035, con el objetivo de abordar las necesidades a corto, medio y largo plazo.

Las explicaciones de Zapico no convencieron a Jové (Vox), quien criticó la actitud del Principado de avalar los alquileres. El diputado señaló los impagos de inquilinos de la empresa pública Vipasa y expresó preocupación por la posibilidad de que los contribuyentes asturianos terminen asumiendo las deudas de morosos.

Jové considera que la clave para abordar la crisis actual es aumentar la oferta de viviendas, lo cual, a su juicio, implica fortalecer el derecho de propiedad, agilizar los procesos de desahucio, promover la libertad de negociación entre las partes, liberalizar el suelo y reducir los impuestos que gravan la vivienda.

El diputado acusó al Gobierno de buscar el colapso del mercado de la vivienda para justificar una mayor intervención estatal y eventualmente expropiar propiedades en masa.