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Política 30 de Julio de 2026 · 18:48h 2 min de lectura

El Principado impulsa la Ley de Vivienda para fortalecer el sistema asturiano

El Gobierno regional de Asturias destaca que el proyecto de Ley de Vivienda responde a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, que fiscalizó 2023 y 2024. La ley, ya aprobada por el Consejo de Gobierno y en trámite en la Junta, busca crear un sistema de vivienda protegida estable y planificado en la comunidad.

Este nuevo marco normativo permitirá la creación del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, que sustituirá los programas dispersos actuales. Incorporará un Observatorio de la Vivienda, registros públicos y mecanismos de control permanentes. La iniciativa también busca corregir limitaciones detectadas en los informes de fiscalización.

Desde la Consejería aclaran que la normativa vigente no exige inscripción en Red Viva para acceder a viviendas protegidas, salvo en promociones privadas y en casos de emergencia social o violencia de género. La ley fortalecerá los instrumentos necesarios para gestionar estos procesos de forma más eficiente y transparente.

Fuentes del Gobierno subrayan que la ley responde a recomendaciones coincidentes con sus objetivos, y que esta será clave para mejorar la planificación y la evaluación del sistema de vivienda en Asturias. La futura legislación permitirá una gestión más integrada y efectiva, en línea con las demandas sociales y las necesidades habitacionales.

El impulso legislativo en materia de vivienda en Asturias se enmarca en una estrategia política de reforzar el compromiso con los derechos sociales y la protección de la ciudadanía. La aprobación definitiva de la ley en la próxima legislatura será un paso crucial para consolidar un sistema de vivienda más justo y duradero en la comunidad.

Este avance legislativo, además, responde a un contexto político de mayor énfasis en políticas sociales en la región, en un marco de recuperación económica y crecimiento sostenible. La ley tiene el potencial de marcar un antes y un después en la gestión de la vivienda pública en Asturias, alineándose con tendencias nacionales y europeas en materia de protección social.

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