OVIEDO, 10 de diciembre. El Gobierno del Principado de Asturias se prepara para la aprobación, en el mes de febrero, de un nuevo decreto que regulará las viviendas de uso turístico. Esta modificación busca actualizar un texto de 2016 y establecer requisitos más rigurosos, otorgando además un mayor papel a los ayuntamientos en la gestión de estos alojamientos. Actualmente, el decreto está en fase de tramitación administrativa antes de ser presentado al Consejo Consultivo.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, lideró el Consejo Asesor de Turismo recientemente y comunicó a los medios los objetivos del nuevo decreto. Este busca unificar estándares de calidad, mejorar la convivencia comunitaria y fortalecer la capacidad de inspección ante el notable aumento de estos servicios turísticos y su efecto potencial en la disponibilidad de vivienda.

Durante la fase de exposición pública, el Gobierno asturiano recibió un total de 227 alegaciones, muchas de ellas provenientes de otras comunidades autónomas. Llamedo sugirió que esta afluencia de comentarios podría deberse a que las normativas en esta área suelen servir de modelo para otras regiones. La mayoría de las observaciones se centraron en la inclusión de nuevos requisitos establecidos en el decreto.

En respuesta a las alegaciones, se han realizado modificaciones que incluyen plazos de adaptación más amplios, estableciendo un año para cumplir con requisitos como el número de plazas en las viviendas y seis meses para implementar mejoras de fácil instalación, como sistemas de iluminación de emergencia o medidores de sonido.

Entre las medidas que introduce la normativa, resalta el límite máximo de ocho plazas por vivienda, la obligación de contar con un baño completo por cada cuatro plazas, la instalación de sistemas de evacuación y señalización, así como extintores y botiquines. También se exigirá la instalación de medidores de ruido para preservar la convivencia en los edificios residenciales.

La nueva regulación obligará a los propietarios a proporcionar servicios auxiliares como limpieza y mantenimiento, y a ofrecer información turística a los huéspedes, además de requerir que la recepción del usuario ocurra de manera presencial en las 24 horas posteriores a su llegada, sin necesidad de entregar físicamente las llaves.

Llamedo enfatizó que el decreto también busca mejorar la relación con los ayuntamientos, quienes deberán emitir informes que determinen si el uso turístico es compatible con el residencial en cada edificio, y podrán imponer limitaciones al número de viviendas de uso turístico en sus respectivos territorios.

Por último, el decreto permite la creación de convenios de colaboración con el Gobierno regional para proporcionar asesoramiento, información y formación, especialmente enfocados en los municipios de menor tamaño.

Llamedo también destacó el aumento en las inspecciones desde el comienzo de la legislatura, gracias a una herramienta digital que ha permitido un mayor control y sanciones, así como la eliminación de 100 anuncios ilegales en plataformas. Se prevé que el equipo de inspección esté compuesto por 18 personas, incluyendo dos nuevos inspectores que se incorporarán en 2026.