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Política 14 de Mayo de 2026 · 18:17h 2 min de lectura

El Principado recurrirá la sentencia del chalé de Fitoria por detención ilegal

El Gobierno de Asturias ha anunciado que interpondrá recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a los padres de tres menores por mantenerlos en un chalé de Fitoria, Oviedo. La condena es de dos años y diez meses de prisión, aunque el tribunal les eximió del delito de detención ilegal tras un largo proceso judicial.

La sentencia también impone a los progenitores multas y la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante más de tres años. Los menores, en acogimiento residencial, continúan en proceso de recuperación tras cuatro años de encierro, con una evolución aún lenta pero positiva. La situación de los niños ha sido objeto de atención pública y política en un contexto de debate sobre la protección infantil y la actuación judicial.

El recurso del Ejecutivo autonómico refleja una discrepancia con la valoración del tribunal, que no consideró probado el delito de detención ilegal, a pesar del aislamiento y las condiciones en las que estaban los menores. La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, ha subrayado la importancia de que se reconozca la gravedad de la situación y ha señalado que la justicia debe tomar en cuenta todos los delitos relacionados con el bienestar infantil.

Políticamente, este caso evidencia las tensiones existentes en Asturias entre las instituciones responsables de protección infantil y el sistema judicial. La polémica también pone en el foco la necesidad de reforzar la coordinación y la formación en casos de protección de menores en situaciones extremas, así como el papel del gobierno en la supervisión de estas acciones.

De cara al futuro, se espera que el recurso sea resuelto en los próximos meses, en un contexto donde la opinión pública y las instituciones buscan garantizar una protección efectiva y coordinada para los menores en situaciones de riesgo. La discusión también refleja las prioridades políticas en materia de derechos sociales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de intervención temprana.

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