El rechazo a pedir informe sobre préstamo a Duro Felguera refleja la tensión política en Asturias

Los grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, junto a la diputada Covadonga Tomé, rechazaron solicitar un informe a la Sindicatura de Cuentas sobre el préstamo de 6 millones de euros otorgado en 2021 a Duro Felguera. La iniciativa promovida por el PP, Foro y Vox no alcanzó los votos necesarios en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, que sumaron 9 en contra y 10 a favor.

Este préstamo, canalizado a través de la Sociedad Regional de Promoción, fue parte de una estrategia de rescate de la compañía en plena crisis. La operación se realizó en un contexto donde la SEPI aportó 120 millones de euros para garantizar la supervivencia de la firma, considerada estratégica para Asturias. Sin embargo, el plan de reestructuración contempla que la deuda, incluyendo el préstamo autonómico, sea condonada en su totalidad.

La controversia política surge en un escenario donde la oposición demanda mayor transparencia y auditoría sobre el uso de fondos públicos. Mientras tanto, el Gobierno autonómico defiende que la gestión fue necesaria para evitar la quiebra y que los expedientes están a disposición de los grupos políticos. La petición de un informe de la Sindicatura, que podría esclarecer detalles sobre las condiciones del préstamo, fue rechazada en este marco.

Desde el ámbito político, las distintas posturas reflejan las tensiones en torno a la gestión pública y la responsabilidad en el uso del dinero de todos los asturianos. La oposición sostiene que las condiciones del préstamo y su eventual condonación merecen un análisis exhaustivo, mientras que el ejecutivo insiste en que las decisiones se tomaron en un contexto de emergencia y con el objetivo de preservar empleos y la viabilidad de Duro Felguera.

En el contexto más amplio, esta disputa muestra las dificultades en la gestión de empresas estratégicas en regiones con fuertes vínculos económicos y políticos. La próxima etapa probablemente pase por la necesidad de mayor transparencia y control en las operaciones financieras públicas, además de un debate sobre la sostenibilidad del modelo de rescates empresariales en Asturias.