Crónica Asturias.

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El Supremo exonera a 'El Pequeño Nicolás' de cargos por usurpación de funciones y cohecho en su viaje a Ribadeo.

El Supremo exonera a 'El Pequeño Nicolás' de cargos por usurpación de funciones y cohecho en su viaje a Ribadeo.

El Tribunal Supremo ha decidido absolver a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', de los cargos de usurpación de funciones y cohecho por los que fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid. La acusación se basaba en su supuesta actuación como enlace entre el Gobierno y la Casa Real durante un viaje a Ribadeo en 2014.

Según el TS, los jueces determinaron que la conducta de Gómez Iglesias consistió en una sola acción de suplantación durante una comida con un empresario, sin contenido político o económico relevante. Esta acción no cumplía con los requisitos del Código Penal para considerarse usurpación de funciones públicas.

Asimismo, el tribunal consideró que el acto de dar una retribución a un agente de policía local por organizar un servicio de escolta ajeno a sus funciones no constituía cohecho, ya que no estaba relacionado con el ejercicio de su cargo. Tanto el que ofrecía la retribución como el que la recibía sabían que no se estaba realizando ninguna actividad oficial.

En consecuencia, se determinó que no hubo un compromiso real con la función pública ni afectación al bien jurídico protegido por el delito de cohecho. Gómez Iglesias no está cumpliendo pena de cárcel actualmente, ya que su única condena firme no implicaba su ingreso en prisión. Además, al ser absuelto en el 'caso Ribadeo', seguirá en libertad.

La defensa del acusado argumentó que la Audiencia Provincial vulneró varios derechos durante el proceso, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia y la inviolabilidad de su domicilio. Se enfatizó en que su conducta no constituía un delito según el Código Penal.

Por otro lado, 'El Pequeño Nicolás' aún enfrenta otras sentencias pendientes, como una condena por acceso indebido a información confidencial en bases de datos policiales y otra por hacerse pasar por un miembro del Gobierno en el caso de la finca 'La Alamedilla'.