Crónica Asturias.

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Exalcalde y exconcejala de Valdés enfrentan cargos por delito contra la integridad moral

Exalcalde y exconcejala de Valdés enfrentan cargos por delito contra la integridad moral

OVIEDO, 15 Ene.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un exalcalde de Valdés, una exconcejala del mismo ayuntamiento y tres trabajadoras sociales por un delito contra la integridad moral presuntamente cometido contra un educador social. La vista oral está señalada para este martes, 16 de enero, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a partir de las 09.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene en el año 2012, el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés, contaba con dos Unidades de Trabajo Social (UTS), una para la zona de Trevías, siendo la trabajadora social responsable de la misma la acusada DDD, y otra para la zona de Luarca, siendo la trabajadora social responsable de la misma la acusada EEE. En este Centro Municipal existía una tercera trabajadora social, la acusada CCC, que se encargaba de los programas de Servicios Sociales del Ayuntamiento, así como de todo lo relacionado con la ayuda a domicilio.

En esa época, XXX prestaba servicios, mediante contrato laboral indefinido con antigüedad de 1 de noviembre de 2003, en el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés, ejerciendo el cargo de educador social y desempeñando sus funciones en el Programa de Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia, que debía ser desempeñado conjuntamente con las trabajadoras sociales de las UTS, y en el Programa de Incorporación Social, siendo responsable de las gestiones y tramitaciones propias del mismo, así como de la elaboración de informes relacionados con inmigrantes.

Para el desempeño de las funciones este debía ser informado por las trabajadoras sociales de los posibles ciudadanos destinatarios de su servicio o prestación. Pese a ello, aquellas se negaban a facilitarle la información necesaria para desempeñar su Programa de Incorporación Social.

Por este motivo, XXX presentó varios escritos de queja en el Ayuntamiento a fin de poner en conocimiento la situación y que se adoptasen medidas para solucionarla. En julio de 2013, las tres trabajadoras sociales fueron amonestadas. El 27 de julio de 2013, se aprobó una moción de censura en el Ayuntamiento de Valdés, resultando proclamado alcalde electo el acusado AAA, el cual nombró concejala delegada de Servicios Sociales a la acusada BBB, que asumió el cargo el 2 de agosto de 2013. En octubre de 2013, la acusada BBB, como concejala delegada en la materia, estableció un nuevo organigrama de Servicios Sociales, en el que de hecho se asignaba la Unidad de Coordinación del Servicio a la trabajadora social la acusada CCC una función coordinadora, que ejerció hasta febrero de 2017.

Durante ese período dejaron de realizarse reuniones del equipo pluridisciplinar del centropara pasar a celebrarse entre la concejala y las trabajadoras sociales, las cuales prescindían de la presencia del educador social.

Por este motivo, presentó nuevos escritos en el Ayuntamiento para denunciar la situación, informando de que ello ocasionaba irregularidades. A consecuencia de ello, XXX causó baja por incapacidad temporal el 30 de octubre de 2013 y, al mes siguiente, la acusada BBB requirió a la Policía Local de Valdés para acceder al despacho del educador social y sacar del mismo todos los expedientes que XXX estaba tramitando.

Tras reincorporarse al trabajo XXX, el 22 de enero de 2014, no pudo desempeñar sus funciones, ya que no le devolvieron los expedientes señalados, no recibió derivación alguna ni citación de usuarios por parte de las trabajadoras sociales y su ordenador fue desconectado del servidor.

Por este motivo, presentó nuevo escrito dirigido al alcalde, a fin de exponer la situación, causando nuevamente baja en fecha 29 de enero de 2014. XXX se reincorporó el 11 de febrero de 2014 y se mantuvo hasta el día 1 de diciembre de ese mismo año, período durante el cual no pudo desempeñar sus funciones como educador social del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés.

En ese mismo período de tiempo, la concejala delegada de Servicios Sociales, la acusada BBB, realizó la evaluación individual de los trabajadores del Centro Municipal de Servicios Sociales para la percepción del complemento de productividad, señalando respecto de XXX: 'Desconozco la labor realizada por el educador social dentro del equipo', pese a ser consciente de la situación en que se encontraba el mismo, evaluación que reiteró en septiembre de 2015, motivo por el que a XXX le fue retirado un complemento de su nómina.

Tras esto, remitió nuevos escritos dirigidos al alcalde, poniendo de manifiesto una vez más la situación en que se encontraba y a la que estaba siendo sometido en su puesto de trabajo, causando nuevamente baja desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 8 de enero de 2015. Cuando XXX se reincorporó a su puesto de trabajo, la acusada BBB le envió el organigrama del Centro y le pidió que le remitiese información por escrito, y con periodicidad no superior a dos meses, relativa a las actuaciones y programas desarrollados por el mismo en su actividad profesional, requerimiento que no consta que se hiciera al resto de trabajadores, informes en los que XXX alegó no poder realizar sus funciones porque las trabajadoras sociales no le derivaban actuaciones, pese a la existencia de familias y menores en riesgo de exclusión social, personas solicitantes y beneficiarias del salario social básico o inmigrantes.

En julio de 2015, la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Comarca del Noroccidentes, profesional perteneciente a la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, entregó escrito de denuncia al Alcalde del Ayuntamiento de Valdés en el que relataba que en el curso escolar 2014-2015, las acusadas DDD y EEE le habían comunicado que no podían dar respuesta a diferentes casos de menores en riesgo de exclusión social por hallarse el educador social de baja.

Las trabajadoras sociales acusadas no trasladaban dichos expedientes al educador social, impidiéndole el acceso a los mismos para el desempeño de sus funciones. Del mismo modo, existía un sistema de información de usuarios de Servicios Sociales, aplicación informática del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que utilizaban todos los Centros Municipales de Servicios Sociales a nivel nacional.

En relación al mismo, a principios del año 2015 el Centro Municipal de Servicios Sociales de Valdés, cuya responsable era la acusada BBB, solicitó la adjudicación a las tres trabajadoras sociales y al informático municipal de un perfil de administrador gestor, que les permitía modificar el resto de perfiles, mientras que para el educador social se solicitó un perfil de lectura, que únicamente le permitiría acceder (en ese modo lectura) a ciertos módulos.

A raíz de los hechos, XXX fue postergado en su puesto de trabajo y sufrió un gradual e intencionado vaciamiento de sus funciones laborales, con el consiguiente aislamiento y grave menoscabo de su dignidad personal y profesional.

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento y responsable último del centro municipal, tuvo conocimiento pleno de la situación en que se hallaba XXX, tanto por