En Oviedo, el 17 de noviembre, el debate sobre la seguridad en las minas vuelve a ponerse en el centro de atención tras un trágico accidente en la mina de Cerredo, situada en el concejo de Degaña, Asturias. A pesar de los múltiples llamados a realizar más inspecciones en esta explotación, un experto del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España (Coimne) ha expuesto que la malicia de quienes operan podría haber frustrado cualquier intento de detección de prácticas ilegales.

Pablo Rodríguez, quien compareció ante la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias, reveló que la tragedia, que dejó un saldo de cinco mineros fallecidos y varios heridos, se produjo mientras la empresa involucrada realizaba extracción de carbón sin los permisos correspondientes. Este escenario suscita interrogantes sobre la efectividad de las inspecciones gubernamentales en un sector donde el riesgo de ilegalidad parece estar latente.

Rodríguez argumentó que incluso incrementando el número de inspecciones, el resultado podría no haber cambiado. "Incluso si hicieran cinco o diez más, el delincuente todavía tendría días suficientes para continuar su actividad ilegal", explicó, sugiriendo que la naturaleza del trabajo en la mina puede dificultar la detección de irregularidades si el fin es ocultarlas.

Como profesional con una larga trayectoria en el ámbito minero, Rodríguez subrayó la responsabilidad ética de los directores facultativos, asegurando que son plenamente conscientes de los riesgos al no acatar las normativas vigentes. No obstante, puso de relieve que la Comisión de Seguridad Minera, que asesora a las autoridades en cuestiones de prevención de riesgos, carece de poder vinculante para implementar sanciones efectivas.

Es importante mencionar que la actual operadora de la mina, Blue Solving, está relacionada a nivel familiar con la compañía Combustibles Asturiana y Leonesa SL, responsable de otro accidente mortal en 2021, también vinculado a la extracción de carbón sin la debida autorización. La sanción inicial de 20.000 euros impuesta por las autoridades se redujo posteriormente a 12.000 euros, un monto que según Rodríguez fue considerado "ridículo" por los miembros de la Comisión.

El accidente de Cerredo se produjo el 31 de marzo de 2025, cuando una explosión de gas grisú cobró la vida de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos gravemente. En el momento del siniestro, Blue Solving S.L. contaba con una licencia para investigar usos alternativos del carbón, específicamente para la fabricación de grafito, lo que pone de manifiesto la desconexión entre la normativa existente y la realidad del funcionamiento en esta mina.