OVIEDO, 22 de octubre. Un miembro destacado de la Comisión de Seguridad Minera, Roberto Mallada, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de establecer canales más efectivos que faciliten a trabajadores y ciudadanos la denuncia de irregularidades en las explotaciones mineras. Estas declaraciones se realizaron durante su comparecencia ante la comisión del Parlamento asturiano que investiga el trágico accidente en la mina de Blue Solving, donde el 31 de marzo cinco trabajadores de León perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos.

Mallada, representante de la Federación de Industria de CCOO, con vasta experiencia en el ámbito minero, ha señalado un notable “cambio de paradigma” en el sector. La transición de una minería del carbón dominada por grandes empresas con fuerte representación sindical ha dado paso a un panorama donde operan compañías que, en ocasiones, no tienen ningún empleado, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad laboral.

El representante ha comentado que muchas explotaciones carecen de representación legal de los trabajadores, lo que ha llevado a que las condiciones laborales se hayan deteriorado en comparación con los estándares habituales en la minería del carbón, especialmente en explotaciones subterráneas. “Las condiciones de trabajo son ahora más semejantes a las de la minería tradicional, caracterizadas por prácticas como el uso de ‘chamizos’", ha expresado Mallada.

Esta situación se agrava en regiones donde muchos trabajadores mineros quedaron desempleados, a menudo sin recibir las indemnizaciones que les corresponden. “Es comprensible que al surgir cualquier oportunidad, intenten volver a trabajar en lo que conocen”, ha afirmado, subrayando la falta de opciones en un mercado laboral ya golpeado.

Acerca de la mina de Cerredo, Mallada ha indicado que su ubicación dificulta el acceso y que su tamaño complica la labor inspectora. Según él, si un empresario desea ocultar irregularidades, puede hacerlo con facilidad, independientemente de la cantidad de días que se envíen inspectores.

Recordando eventos previos, Mallada mencionó que ya había identificado cuestiones problemáticas en 2022 en esa misma mina, cuando un trabajador falleció y otro resultó herido, ocasión en la que las informaciones iniciales incluso sugerían que no se trataba de un accidente laboral sino de un accidente de tráfico.

Ante la acumulación de irregularidades, Mallada se vio obligado a sugerir el cierre de la explotación, aunque este proceso finalizó con una mera sanción y el control de la mina fue transferido a Blue Solving, una compañía con vínculos directos con los anteriores gestores.

“Si estuviese en posición de decidir sobre la concesión de una explotación a una empresa con el historial del accidente de 2022, mi respuesta hubiera sido un categórico no", admitió, aunque aclaró que la responsabilidad de la Comisión de Seguridad Minera se limita a ofrecer asesoramiento.

El lamentable suceso en la mina de Cerredo ocurrió el 31 de marzo de 2025, cuando una explosión de gas grisú provocó la muerte de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos. Este trágico evento tuvo lugar en el interior de la mina, en Degaña (Asturias), bajo la operación de una empresa que carecía de los permisos necesarios para la extracción de carbón. En ese momento, Blue Solving S.L. contaba solo con una licencia para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, específicamente para la posible producción de grafito.