La familia del enfermero Pablo Riesgo Rivero, de 26 años, que falleció el 7 de febrero de 2021 debido al covid-19 contraído en su lugar de trabajo como técnico en cuidados auxiliares en el área de Urgencias de la Fundación hospital de Jove de Gijón, ha emitido un comunicado en el que afirma que la sentencia que responsabiliza al centro de salud les permite "finalmente, cerrar un duelo que ha estado abierto durante tres años".

La familia del joven hace estas declaraciones después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que sostiene que la muerte del joven no fue causada "por hechos imprevisibles, inevitables y ajenos al empleador" y acusa al hospital de Gijón de "incumplimientos empresariales" relacionados con la normativa de seguridad laboral. La sentencia ordena al centro de salud y a su aseguradora a pagar a los padres del joven una indemnización de 257.954 euros.

"Finalmente hemos podido cerrar un duelo que ha estado abierto hasta ahora, prácticamente, tres años después del fallecimiento de Pablo, a la espera de las acciones legales que se tuvieron que llevar a cabo una vez conocidos los resultados de la autopsia", indica el comunicado de la familia.

También lamentan que, tristemente, nada de esto habría ocurrido si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Gijón, a la que acudió la familia en un primer momento, hubiera realizado su trabajo con profesionalidad.

Recuerdan que, ante un informe de la ITSS, elaborado sin siquiera solicitar documentación o información a la familia, los padres no tuvieron más opción que llevar el caso a los tribunales, haciendo todo lo posible por descubrir las razones que llevaron al trágico desenlace.

Ahora son ellos los que desean agradecer a todos los que les ayudaron a "unir todas las piezas hasta encontrar una explicación clara para la muerte de Pablo, desde el principio hasta el final, hasta el día de hoy".

A través del comunicado, agradecen al doctor Emilio Prieto, el último profesional de la salud que atendió a Pablo en la UCI del HUCA, y al doctor José Ángel Rodríguez Getino por su apoyo en aspectos médico-legales clave del caso. La familia también quiere agradecer la "invaluable ayuda" de Francisco Javier Llaneza Álvarez y del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, quienes "restauraron la fe de esta familia en los organismos públicos, después de la decepción con la inspectora de trabajo que desestimó su denuncia en su momento".

También desean agradecer el cariño y apoyo de sus compañeros de trabajo y amigos, así como el respeto mostrado por los medios de comunicación. Y finalmente, expresan su agradecimiento a la Magistrada de Instancia Maria Teresa Luarca Gómez, y a la Sala de lo Social del TSJ de Asturias, a la Sección presidida por Francisco José de Prado Fernández, por su capacidad para sintetizar y valorar todas las pruebas presentadas, lo cual finalmente condujo a que, tres años después, los padres de Pablo tengan la certeza de por qué murió su único hijo", afirma el comunicado.

Aseguran que eso es lo que necesitaban saber y eso es lo que más les complace del proceso judicial, y hacen un llamado al respeto de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.