En un comunicado emitido el día de hoy, el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, Fapas, ha llevado la atención a la Fiscalía ante la preocupante situación del oso herido en Somiedo. Además, ha solicitado medidas cautelares para evitar la destrucción del cadáver del oso en caso de que sea sacrificado.

El Fapas ha expresado su preocupación por la actuación del Principado de Asturias, quien después de recuperar osos heridos y justificar su muerte por causas naturales, procede a destruir de inmediato los cadáveres, impidiendo cualquier investigación adicional sobre el caso.

El colectivo ha manifestado su descontento ante la actitud del Gobierno Regional de Asturias, que parece decidido a clasificar las muertes de osos como naturales sin considerar otras circunstancias que podrían requerir una investigación judicial.

Entre estas circunstancias se encuentra el preocupante nivel de furtivismo en Asturias, particularmente en el caso del oso rescatado en Aguino, en Somiedo, donde el propio Principado lleva a cabo un proyecto de captura de osos que es cuestionado por su peligrosidad.

El Fapas ha alertado sobre el uso de trampas con guillotinas pesadas, las cuales pueden resultar en graves lesiones para los osos capturados en caso de fallo. Este método ya ha causado heridas en un ejemplar en Castilla y León, y se teme que ocurra lo mismo en Asturias.

Por tal motivo, el Fapas ha exigido al Principado a través de la Fiscalía más transparencia en el proyecto de captura de osos, así como una confirmación de si el oso herido en Somiedo formaba parte de esta iniciativa.

El colectivo ha criticado la falta de transparencia y ocultismo por parte del Gobierno Regional de Asturias en relación con el proyecto de captura de osos, denunciando la ausencia de información sobre el número de osos capturados, posibles incidencias y resultados del seguimiento.

En medio de esta polémica, el Fapas ha rechazado las justificaciones públicas del Gobierno sobre el proyecto de captura, argumentando que no se alinea con los objetivos declarados y permite muy poca intervención para evitar daños a los osos o alejarlos de zonas habitadas.

Este conflicto entre administraciones y organizaciones de conservación de la naturaleza en España ha sido evidente durante años, con noticias de osos heridos o muertos que se cierran rápidamente bajo justificaciones de causas naturales, peleas o despeñamientos.

Un caso emblemático fue el del oso Cachou en los Pirineos, donde gracias a la intervención de ONGs de conservación se pudo demostrar que el animal había sido envenenado, desafiando la versión oficial de muerte natural.

El Fapas ha recordado que actualmente hay pendientes de juicio dos presuntos responsables de la muerte de Cachou, un consejero de Medio Ambiente y un funcionario encargado de la vigilancia de osos, destacando la importancia de investigar a fondo estos casos para garantizar la protección de la fauna silvestre.