Galicia, Asturias y Castilla y León exigen la liberalización de autopistas ante la UE

Las regiones del noroeste de España han formalizado una alianza para presionar a la Unión Europea en favor de la liberalización de las autopistas AP-9 y AP-66. En un acto en Santiago de Compostela, las comunidades firmaron la Declaración de Compostela, solicitando que la UE obligue al Gobierno central a finalizar las prórrogas concesionales, que incumplen normativa comunitaria desde 2000.

El contexto político revela una tensión entre las administraciones regionales y el Ejecutivo estatal, motivada por el incumplimiento de las directivas europeas y la posible transferencia de titularidad de estas carreteras. La UE ha dictaminado que las prórrogas otorgadas desde hace más de dos décadas violan las normativas de contratación pública, y ha abierto un procedimiento de infracción que aún está en curso.

Este conflicto tiene implicaciones económicas y sociales importantes. La gestión de estas autopistas afecta a millones de usuarios y a miles de empresas en la región. La reivindicación busca asegurar una gestión transparente, evitar peajes abusivos y promover una transferencia financiada que permita a las comunidades ejercer control directo sobre estas infraestructuras estratégicas.

Desde el punto de vista político, las regiones consideran que la posición común fortalece su interlocución en Europa y busca evitar que decisiones unilaterales desde Madrid perjudiquen la movilidad y el desarrollo del noroeste. La presión se intensificará con la intención de que la Comisión Europea lleve el asunto al Tribunal de Justicia si no hay una resolución favorable en los próximos meses.

El escenario futuro apunta a una mayor tensión entre las comunidades y el Gobierno central, en un contexto donde las transferencias de gestión y la legalidad europea son clave. La alianza busca también elevar la transparencia en la gestión y asegurar que las decisiones se ajusten a los principios del mercado único y la legalidad comunitaria, en un momento en que la legalidad y la ejecución de los dictámenes de la UE son cruciales para la estabilidad del marco legal español.

En definitiva, la movilización de Galicia, Asturias y Castilla y León refleja un cambio en la estrategia de las regiones para defender sus intereses económicos y territoriales en el marco europeo, con un horizonte que apunta a una mayor autonomía en la gestión de sus infraestructuras clave y a un posible cambio en la política de concesiones en los próximos años.