Gijón: huelga en Trefilería Moreda ante incumplimientos del convenio
El Comité de Empresa de Trefilería Moreda en Gijón ha convocado seis jornadas de huelga, cada una de 24 horas, los días 12, 15, 19, 22, 26 y 30 de junio. La protesta responde a lo que consideran un incumplimiento del convenio vigente y al bloqueo en la negociación del nuevo acuerdo laboral.
La planta pertenece al grupo siderúrgico Celsa, controlado actualmente por fondos de inversión tras la homologación de un plan de reestructuración en 2023 por parte del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. La adquisición supuso la salida de la familia fundadora, los Rubiralta, y la venta de filiales en Noruega y Reino Unido, dejando en manos de los nuevos propietarios el compromiso de mantener los activos en España.
El conflicto se agrava por la percepción de la plantilla, que denuncia incumplimientos en acuerdos previos, especialmente en las condiciones para la salida de trabajadores de mayor edad mediante contratos relevo. La plantilla también advierte sobre una pérdida de poder adquisitivo, externalización de procesos y recortes en derechos laborales.
En un contexto económico favorable para el grupo, Celsa ha presentado resultados positivos en 2025 y los primeros meses de 2026. La compañía ha registrado beneficios netos de 18 millones de euros en el primer trimestre de 2026, y su EBITDA en 2025 alcanzó los 396 millones, un 44 % más que en 2024. Estos datos contrastan con las tensiones laborales y los recortes en condiciones que denuncia la plantilla.
El conflicto revela la tensión entre la recuperación económica del sector siderúrgico y las condiciones laborales de sus trabajadores, en un momento en que la dirección busca mantener la competitividad en un mercado global. La negociación del nuevo convenio será clave para definir el futuro de la relación laboral en la planta y su impacto en la economía local.
El futuro del sector siderúrgico en Gijón dependerá de cómo se resuelva esta disputa, en un contexto de cambios estructurales en la industria y presión para mantener empleos de calidad. La resolución de este conflicto será un indicador del equilibrio entre crecimiento económico y protección laboral en la región.