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Política 3 de Agosto de 2026 · 17:02h 2 min de lectura

Gijón retira las retribuciones a Óliver Suárez tras su destitución en Divertia

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó por unanimidad la retirada de las retribuciones asignadas al concejal no adscrito Óliver Suárez, tras su destitución como presidente de Divertia. Hasta ese momento, Suárez percibía 52.000 euros brutos anuales por una dedicación parcial del 80 por ciento.

Este cambio responde a las irregularidades detectadas en contratos relacionados con conciertos en el parque Hermanos Castro, que motivaron su destitución. La medida implica que Suárez pasará a recibir dietas como concejal no liberado, modificando así su situación económica en la institución.

La decisión también incluyó la propuesta de un régimen de dedicación parcial, con un máximo del 80 por ciento, para un concejal de Vox en caso de que cambien las circunstancias de su formación política. La oposición criticó duramente la gestión del gobierno local, acusándolo de haber 'vendido' la Presidencia de Divertia para garantizar una mayoría política.

Desde el Gobierno local, el concejal Jesús Martínez Salvador defendió la legalidad del proceso y aseguró que en la próxima Junta del consejo de Divertia se tratarán contrataciones pendientes. Sin embargo, los grupos de oposición consideran que la gestión ha estado marcada por decisiones poco transparentes y posibles ilegalidades, que podrían tener consecuencias judiciales.

La tensión política ha quedado patente en las declaraciones de los diferentes partidos, con acusaciones de manipulación y de un uso partidista de la empresa municipal. La oposición ha anunciado que solicitará una investigación exhaustiva, incluyendo una posible denuncia ante la Fiscalía, para esclarecer las irregularidades detectadas en los contratos y en la gestión de Divertia.

El contexto político en Gijón refleja una situación de conflicto por el control de las empresas municipales y la gestión de recursos públicos. La controversia sobre las decisiones tomadas en Divertia puede afectar la estabilidad del gobierno local y la percepción ciudadana sobre la transparencia en la gestión pública. Se espera que en los próximos meses se intensifiquen las investigaciones y los debates políticos en torno a estos hechos.

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