OVIEDO, 18 de diciembre.

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha comparecido este jueves ante los grupos parlamentarios para presentar los detalles fundamentales de la nueva ley de salud mental que se encuentra en proceso de tramitación en la región. El objetivo de esta propuesta legislativa es "proteger" los derechos de las personas que padecen trastornos mentales, al mismo tiempo que establece un marco para la estructura y los recursos dentro de la Administración regional.

La legislación propone un modelo de atención en salud mental, delineando los recursos, tanto humanos como materiales, que se requieren en Asturias. Saavedra ha destacado que esta norma aborda no solo los derechos generales, sino también aspectos específicos para las personas con discapacidad psicosocial.

La consejera ha informado que el plazo para presentar alegaciones se ha ampliado hasta el 14 de enero. "Hace dos días mantuvimos un encuentro con el foro de salud mental, que incluye a profesionales, asociaciones, pacientes y familiares", añadió Saavedra.

Un aspecto clave que enfatizó la consejera es la intención de lograr el "máximo consenso posible" sobre la ley antes de que se discuta en la Junta General del Principado, lo cual está previsto para abril o mayo.

Al final de la reunión, los representantes de las diversas fuerzas políticas coincidieron en que se trata de un proyecto muy esperado, y se comprometieron a dedicar el tiempo necesario para realizar un análisis detallado del mismo.

Por su parte, la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, ha indicado que necesitan "examinar cuidadosamente el contenido del proyecto" dado que se trata de una ley que tendrá un impacto significativo. "El Partido Popular presentará enmiendas que consideramos que enriquecerán el texto", añadió.

Desde Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco advirtió que la Ley de Salud Mental podría convertirse en "una oportunidad perdida" si el PSOE decide enfocar el texto desde una perspectiva ideológica, en lugar de centrarse en las "necesidades reales de los pacientes". Según su criterio, la ley debe ser "transversal y desprovista de condicionamientos partidistas", sirviendo como un marco para encontrar soluciones que actualmente no están disponibles. Su grupo analizará la propuesta "con rigor" para poder expresar su posición "con fundamento".

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, subrayó que esta norma es "muy esperada" y representa una de las demandas acordadas en el pacto de gobierno entre su partido y el PSOE. Vegas enfatizó el enfoque comunitario y de derechos en el anteproyecto, afirmando que "es una legislación centrada en los derechos del paciente".

Desde el Grupo Mixto en la Junta, el diputado Adrián Pumares (Foro Asturias) recalcó la necesidad de esta ley, que se ha venido demandando desde la legislatura anterior. Sin embargo, hizo hincapié en que una de las principales carencias es la falta de atención específica al ámbito infantojuvenil, algo que considera "puede ser corregido" durante el proceso legislativo. Además, instó a que la ley venga acompañada de recursos suficientes y de una clara voluntad política para cumplir con los compromisos establecidos.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, reconoció que el borrador tiene varios aspectos "muy interesantes", aunque subrayó que necesita "un análisis más profundo". Tomé destacó la propuesta de crear una oficina de salud mental, que según explicó, "centralizará todas las quejas y demandas que provengan de familiares, pacientes y profesionales".