OVIEDO, 22 de octubre.

La diputada del Partido Popular en Asturias, Cristina Vega, ha presentado este miércoles en el Pleno de la Junta General una propuesta de ley destinada a asegurar la continuidad de los botiquines farmacéuticos en las áreas rurales. Vega ha destacado la importancia de estos servicios, describiéndolos como “puntos esenciales de asistencia sanitaria” para comunidades pequeñas que enfrentan problemas como el aislamiento, la envejecimiento de la población y la falta de transporte público. La propuesta, sin embargo, ha sido rechazada por los grupos del PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, mientras que Vox ha optado por la abstención.

La proposición busca modificar la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica del Principado de Asturias, con el objetivo de facilitar el funcionamiento de los botiquines mediante la posibilidad de supervisión telemática, eliminando la necesidad de contar con un farmacéutico presente en todos los momentos.

Durante su intervención, Vega advirtió que el servicio está “en riesgo de extinción” y defendió que la medida busca habilitar la atención farmacéutica en tiempo real, con un farmacéutico supervisando desde la farmacia principal y un auxiliar presente en el botiquín.

La diputada también criticó un informe del Consejo de Gobierno que considera su propuesta como un mero “copia y pega” de iniciativa anterior del PP de hace cuatro años, que ya abogaba por atender las singularidades de los botiquines. Vega afirmó que la nueva propuesta “regula de forma expresa la excepcionalidad” de esta norma, acusando al Gobierno de “pereza política” al no reconocer la importancia de los cambios propuestos, a los que calificó de “chatarra política”.

Frente a la alegada inconstitucionalidad del texto, subrayó que los argumentos del Gobierno no tocan el asunto de los botiquines, citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 2008 que permite que la presencia del farmacéutico no sea siempre física. “Cuatro años después siguen sin haberse informado”, lamentó.

Para respaldar su propuesta, mencionó los casos exitosos de Aragón y Extremadura, donde fórmulas similares han estado operativas durante más de diez años sin generar conflictos legales. “Ambas leyes siguen vigentes”, enfatizó.

Vega refutó las críticas que indican que la normativa podría disminuir la calidad de la atención, argumentando que lo que realmente reduce la calidad asistencial es la ausencia de servicio. Aseguró que los botiquines están equipados con tecnología de control remoto que permite la supervisión en tiempo real por parte del farmacéutico.

Asimismo, alertó sobre la escasez de farmacéuticos en ciertas áreas, señalando que en la bolsa de trabajo del Principado apenas hay un farmacéutico disponible para cubrir sustituciones a partir del 20 de noviembre. “Si quieren seguir negándolo, háganlo”, comentó, acusando al gobierno asturiano de “distorsionar la realidad”.

La diputada aclaró que la ley no generaría “ningún coste” para la administración y, por el contrario, ayudaría a evitar sanciones que pueden ascender a 30.000 euros para los profesionales que intentan seguir una normativa que no se adapta a su situación real.

Vega insistió en que su propuesta no pretende cambiar el modelo farmacéutico, sino hacerlo viable en regiones donde está “a punto de desaparecer”. La consideró una medida “razonable”, “responsable” y “legal”, insistiendo que no apoyar la iniciativa sería un “error jurídico”, “sanitario” y “político”.

Por último, enfatizó que la ley “favorece a los residentes del medio rural” y asegura “igualdad sanitaria”. Afirmó que oponerse al uso de la tecnología en este campo sería “no comprender la era actual”. “Rechazar la tecnología no ayuda al medio rural, lo condena”, concluyó.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, señaló que la propuesta plantea un “agravio comparativo”, al establecer diferentes modelos de atención farmacéutica según el tipo de establecimiento y cuestionó la validez de los ejemplos que utilizó el PP.

“Ni Aragón ni Extremadura reconocen los principios que ustedes están proponiendo”, subrayó. Además, expresó sus “enormes dudas” sobre la constitucionalidad del texto y la posible afectación a la calidad del empleo, ya que la propuesta sustituiría a farmacéuticos por auxiliares bajo una supervisión remota. “Es una iniciativa que libera el sector y abre la puerta a la degradación de un servicio público fundamental”, advirtió.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Jacinto Braña rechazó con firmeza la propuesta, acusando al PP de querer alterar el modelo farmacéutico vigente en favor de la “viabilidad económica” de los botiquines.

A su juicio, la propuesta del PP parece más una “oportunidad de negocio” que una verdadera garantía de salud, al desvincular la calidad del servicio de la presencia física del profesional. Advertió del riesgo de que la propuesta pueda ser considerada inconstitucional.

“No se trata de una mejora del sistema, sino de una privatización encubierta”, sentenció, enfatizando que la excepcionalidad que propone el PP dependería del criterio del farmacéutico, sin un control temporal o administrativo adecuado.

Por su parte, la diputada de Vox, Sara Álvarez, reconoció la relevancia de los botiquines en la atención sanitaria de las zonas rurales de Asturias, especialmente en un contexto de “declive demográfico” y falta de apoyo institucional. Aunque valoró el enfoque práctico de la propuesta del PP, expresó sus reservas legales, mencionando que la legislación nacional establece claramente la necesidad de la presencia física del farmacéutico para la dispensación de medicamentos.

Álvarez también advirtió que la modificación propuesta podría provocar conflictos de competencias al reinterpretar la legislación sin una reforma nacional previa. “Una ley de ámbito nacional tiene un rango superior al autonómico y no debe haber contradicciones entre ellas”, aseguró. Vox sostiene que cualquier variación en el modelo debería realizarse a través de una reforma de la legislación nacional, no desde las comunidades autónomas.

A pesar de reconocer que los servicios públicos, incluida la atención farmacéutica, deben adaptarse a los avances tecnológicos, Álvarez reiteró que este desarrollo necesita alinearse con el marco jurídico nacional para evitar “17 normativas diferentes y 17 fuentes de desigualdad en función de la región española en la que uno viva”.