Crónica Asturias.

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La Ley de Escuelinas será un cambio radical, según Espina

La Ley de Escuelinas será un cambio radical, según Espina

El proyecto de ley de las escuelas de 0 a 3 ha sido aprobado por el consejo de Gobierno este viernes en Oviedo, en una decisión que la consejera de Educación, Lydia Espina, espera que esté completamente aprobada para finales de este mismo año. Espina ha destacado que esta ley representa "un proyecto de futuro que cambiará la educación de manera significativa" y que está generando un ambiente positivo en los diferentes ayuntamientos sin importar su afiliación política.

La consejera ha resaltado que este proyecto tendrá un impacto directo en la calidad educativa de los estudiantes, ya que estarán expuestos a un sistema educativo desde edades muy tempranas y recibirán una atención especial para su desarrollo psicoevolutivo. Además, también proporcionará servicios a las familias en zonas rurales, ayudando a fomentar la población en esas áreas.

"Es gratificante ver el ambiente positivo que se ha generado en torno a las escuelas infantiles al reunirse con los alcaldes y alcaldesas, independientemente de su afiliación política", señaló Espina.

La consejería estima que el primer bloque de municipios que formarán parte de esta red pública de escuelas infantiles autonómicas y gratuitas comenzará en septiembre de 2025, integrando el grupo más numeroso. Posteriormente, se integrarán más municipios en fases sucesivas.

En la primera fase se prevé la apertura de 31 escuelas infantiles bajo gestión autonómica, con un total de 822 plazas distribuidas en 54 unidades. El Principado también tiene convenios en vigor con 48 municipios que gestionan 76 centros para integrar en la nueva red, sumando un total de 311 unidades y 4.511 plazas.

En relación con la integración del personal que actualmente recibe un salario superior, Espina explicó que los ayuntamientos que estén pagando por encima del convenio deberán abonar la diferencia según lo establecido en el proyecto de ley. A pesar de esto, la gran mayoría de los ayuntamientos han aceptado asumir esta cantidad al considerarla razonable y menor a lo que ya estaban abonando anteriormente.