La reestructuración de Imasa recibe respaldo judicial y garantiza su continuidad
El Juzgado número 4 de lo Mercantil de Oviedo ha homologado el plan de reestructuración de Imasa, Ingeniería y Proyectos, tras superar un proceso judicial que buscaba estabilizar su situación financiera. La aprobación representa un paso decisivo para la compañía, permitiendo ajustar su estructura económica a la realidad del mercado y fortalecer su posición para los próximos años.
Este proceso responde a las dificultades enfrentadas por la constructora en 2025, en un contexto de crisis económica y cambios en el sector industrial que afectaron su liquidez. La decisión judicial refleja también la confianza de la mayoría de los acreedores en la viabilidad del negocio y en la estrategia de recuperación planteada por la dirección.
Desde una perspectiva política, el caso de Imasa ilustra cómo las políticas públicas y los instrumentos financieros, como el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), juegan un papel clave en la preservación de empresas estratégicas en el tejido industrial asturiano. La colaboración entre el sector público y privado resulta esencial en estos procesos.
El plan aprobado busca, además de la estabilidad financiera, proteger las capacidades humanas, industriales y técnicas de la empresa. La compañía se compromete a mantener su actividad, proteger empleos y continuar desarrollando proyectos en sectores estratégicos, en línea con los objetivos de crecimiento sostenible del ámbito industrial regional y nacional.
Mirando hacia el futuro, Imasa centrará sus esfuerzos en ejecutar su plan de negocio, consolidar su actividad y explorar nuevas oportunidades en los mercados en los que opera. El apoyo institucional y la confianza de los acreedores serán determinantes para afrontar con estabilidad la nueva etapa.
Este caso ejemplifica la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y las empresas para mantener la competitividad industrial en Asturias, en un contexto de desafíos económicos y cambios en la política energética y de infraestructuras a nivel nacional y europeo.