La valoración de discapacidad en Asturias se cuadruplica en 2023, reduciendo los tiempos de espera a menos de 10 meses
Las valoraciones de discapacidad realizadas en Asturias han experimentado un notable incremento en 2023 y 2026, pasando de una media mensual de 576 a 2.287 procesos, lo que representa una mejora significativa en la gestión administrativa. Paralelamente, la demora en la tramitación, que inicialmente alcanzaba los 32 meses, se ha reducido a 9,2 meses, cumpliendo los objetivos establecidos por la Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado (SESPA).
Este avance responde a una serie de medidas implementadas por el Gobierno autonómico, en un contexto político marcado por la necesidad de mejorar la atención social y reducir los retrasos en trámites administrativos que afectan derechos fundamentales. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, destacó que estas acciones no son solo anuncios, sino realidades concretas, y que en 2026 se pretende alcanzar la normativa de plazos establecidos por ley.
El contexto político en Asturias durante estos años ha estado marcado por la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión pública, en un escenario de presupuestos limitados y presión social por mejorar los servicios públicos. La Consejería ha priorizado la digitalización, la incorporación de recursos humanos y la formación especializada para garantizar mayor homogeneidad en los informes y una gestión más ágil.
Entre las acciones destacan la incorporación de 12 profesionales en valoración en 2025, la ampliación de personal administrativo y la utilización de horas extras remuneradas para acelerar los procesos. Además, se ha puesto en marcha un programa de formación continua en colaboración con centros hospitalarios especializados, garantizando así la correcta aplicación de los baremos en casos complejos o poco frecuentes.
Asimismo, las inversiones en infraestructuras y tecnología han sido un eje estratégico, con mejoras en los equipamientos informáticos y en la confidencialidad de las oficinas de valoración, aspectos que contribuyen a un proceso más profesional y transparente. Estas medidas responden a las demandas sociales y a la necesidad de ofrecer una respuesta eficiente en la protección de derechos sociales.
En un contexto más amplio, estos avances reflejan la voluntad del Gobierno autonómico de modernizar la administración pública y responder a las exigencias de una ciudadanía cada vez más informada y expectante en materia de derechos sociales. La reducción de los tiempos de valoración de discapacidad en Asturias puede servir de ejemplo para otras comunidades autónomas, en un momento en que la eficiencia administrativa se convierte en un criterio clave en la gestión pública.